Toyota criticó que esté siendo investigada por el Gobierno de Donald Trump, junto con otros fabricantes de automóviles extranjeros, como una amenaza a la seguridad nacional y afirmó que la imposición de aranceles perjudicará a los trabajadores y consumidores estadounidenses.
Toyota afirmó en un comunicado que las 137,000 personas que trabajan en Estados Unidos para Toyota y para los concesionarios de las marcas Toyota y Lexus “no son una amenaza a la seguridad nacional”.
“Somos un ejemplo de la fortaleza manufacturera de Estados Unidos. Un arancel del 25% a las importaciones de automóviles, que en realidad es un impuesto a los consumidores, aumentará el costo de cada vehículo vendido en el país”, añadió el grupo japonés.
Toyota advirtió que si el Gobierno de Trump impone aranceles del 25%, tal y como ha sugerido, el modelo Camry, que se produce en Kentucky, aumentará su precio en 1,800 dólares.
“Creemos que el único resultado posible de esta investigación es rechazar la noción de que las importaciones de automóviles amenazan a la seguridad nacional”, terminó señalando la compañía.
El pasado 23 de mayo, Trump solicitó al Departamento de Comercio que investigara si las importaciones de vehículos y componentes son una amenaza a la seguridad nacional.
Trump dijo que si la investigación certifica su suposición, impondrá unos aranceles del 25%. Está previsto que la investigación concluya a finales de julio o agosto.
En el marco de esa investigación, el Departamento de Comercio ha dado hasta el 29 de junio para recibir comentarios sobre los aranceles propuestos.
Toyota señaló que piensa presentar sus comentarios antes de que acabe el plazo.
También hoy, el grupo que representa a algunos de los fabricantes de vehículos extranjeros en Estados Unidos, Global Automakers (GA), rechazó la propuesta de Washington de imponer aranceles y dijo que perjudicarán a los trabajadores estadounidenses.
Según la asociación, si EEUU impone finalmente los aranceles anunciados, el precio de los vehículos importados aumentará una media de 5,800 dólares, lo que costaría a los consumidores 45,000 millones de dólares.
