La población envejece en Latinoamérica sin haberse garantizado la cobertura universal a la pensión debido a reglas que han limitado el ahorro y la informalidad laboral que arrastra a millones de personas a la incertidumbre.
“Nos enfrentamos a retos estructurales como el rápido envejecimiento de nuestros países, lo que limitará los recursos disponibles para pagar pensiones”, advirtió a Efe el director de Estudios Económicos de la entidad gremial colombiana Asofondos, Jorge Llano.
Cuba es el país más envejecido de América Latina y sus 2,219,784 habitantes mayores de 60 años representan el 19.8% de la población.
Un total de 1,676,988 cubanos tienen una pensión media de 276,94 pesos (algo más de 11 dólares) que sufraga el Estado pues no existen planes privados.
Llano explica que “los sistemas pensionales más sólidos son aquellos que cuentan con el ahorro suficiente para respaldar sus obligaciones futuras” y lo más débiles aquellos que “deben recurrir a cambios paramétricos muy fuertes para mantener el equilibrio”.
Algunos casos destacados en América son Canadá o Chile que tienen ahorros pensionales equivalentes al 157% y al 70% del PIB, respectivamente.
Pero el 90.75% de los jubilados chilenos del sistema privado recibe pensiones inferiores a unos 233 dólares, la mitad del sueldo mínimo, lo que ha originado protestas.
Y aunque países como EE.UU. cuentan con importantes ahorros pensionales (cerca del 133% del PIB), también tienen problemas para financiar la jubilación de sus empleados públicos.
Los estadounidenses contribuyen a un programa de jubilación mediante el pago de un impuesto que equivale al 15.3% del salario, aunque muchas empresas ofrecen un sistema privado conocido como 401(k).
En Canadá existe un sistema mixto de jubilaciones y algunos adultos mayores de 65 años tienen derecho a recibir la pensión Old Age Security.
“Aumentar el ahorro pensional debería ser el objetivo principal de cualquier reforma pues entre mayor ahorro, más y mejores pensiones se lograrán otorgar y, así mismo, menos recursos se demandarán del presupuesto público”, apuntó el Llano
El sistema colombiano está dividido en el régimen privado y el público, cuyo control corresponde a Colpensiones, que este año ha recaudado unos 2.456 millones de dólares con 6,527,193 afiliados a diciembre.
México dispuso dos tipos de regímenes, dependiendo si se empezó a cotizar antes o después del 1997, y estableció que la edad de retiro oficial sea los 60 años.
El 78% de la población paraguaya ocupada no posee un plan de jubilación, lo que equivale a unos 2.5 millones de trabajadores.
Brasil apuesta a elevar la edad de jubilación hasta 62 años para las mujeres y 65 para los hombres e intentar equilibrar un sistema cuya subsistencia futura está amenazada.
Un estudio sobre pensiones de la Universidad de Costa Rica concluyó que si no se toman medidas “urgentes” en ese país los ingresos de aportes e inversiones “dejarán de ser suficientes para honrar los gastos en el periodo 2022-2028”.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social monopoliza las jubilaciones en ese país andino, en donde los pensionados tienen derecho a servicios de salud e incluso préstamos hipotecarios.
En Venezuela los pensionados perciben mensualmente unos 4.200.000 bolívares, un monto que no alcanza para comprar una bolsa de jabón.
Los planes de pensiones privados en Argentina fueron desestimados en 2008 a partir de una iniciativa del Gobierno de Cristina Fernández y desde entonces el sistema es exclusivamente estatal.
En Uruguay, funciona un régimen mixto que se estableció por ley en 1995 y los trabajadores aportan el 15 % de su sueldo nominal a la seguridad social.
Unos cinco millones de peruanos están afiliados a los fondos privados y unos cuatro millones al sistema público en medio de alta informalidad y personas que no cotizan.
Bolivia promulgó en 2010 una nueva ley de pensiones que bajó la edad de jubilación de 65 a 58 años y creó un fondo solidario con aportaciones patronales y de trabajadores con altos ingresos.
En Nicaragua se ordenó aumentar la cuota patronal y laboral para “mejorar el balance financiero del sistema de pensiones”, lo que derivó en la actual crisis sociopolítica.
El Congreso salvadoreño reformó en 2017 el sistema vigente desde 1998 con lo que la cotización pasó del 13 al 15% del salario de los empleados
Los trabajadores hondureños del sector público están afiliados al Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos y para los demás no es obligatorio el plan de pensión.
Los afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que se jubilan reciben la mitad de su salario base en promedio y hay casos específicos en los que pueden recibir hasta el 80%.
La inmensa mayoría de los dominicanos que actualmente cotiza no recibirá una pensión por no contar con el número de cotizaciones requeridas por lo que se reclama modificar la Ley de Seguridad Social promulgada en 2001.
Una deuda pública de unos 70,000 millones de dólares, en parte, provocará que los exempleados públicos puertorriqueños afronten una reducción en sus pensiones que rondará el 10 % en el 2020.
Y el Fondo Monetario Internacional recomendó en el 2016 a Panamá reformas para abordar el agotamiento de su fondo de pensiones.
