Las imágenes violentas que circulan por las redes sociales nos muestran a un pueblo en rebelión que protesta tras el detonante provocado por el alza en los precios de los combustibles. Pero el legítimo derecho a la protesta, al disentimiento, no puede llevar a que los ciudadanos de Haití se constituyan en turbas y destruyan propiedades de ciudadanos que también son víctimas de la carestía de los carburantes o de comercios y empresas que aportan a su precaria economía.
Después de años de relativa estabilidad política, el pueblo de Haití merece disfrutar de una mayor tranquilidad. De acciones estatales y de organismos internacionales que se concentren en frenar el deterioro ambiental del vecino país que pesa como una seria amenaza para la sostenibilidad futura de toda la isla Santo Domingo que nos compete.
Las noticias documentadas en redes sociales y en medios de prensa recogen actos vandálicos, saqueos y muertes que se complican sin la presencia de la la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que permaneció en en el país por 12 años. La ONU mantiene la reducida Misión de Apoyo a la Justicia en Haití (Minujusth), enfocada en fortalecer el Estado de derecho desde el 16 de octubre de 2017.
Los hechos violentos precedieron a una huelga general que afectó a las principales ciudades. Los bancos y los negocios cerraron en un ambiente de tensión social que paralizó el transporte público. Sin dejar de reconocer su derecho a disentir, debemos ver como una lástima que los haitianos no encuentren una vía pacífica de protesta que no los lleve a una mayor pobreza.
