El planteamiento de varias organizaciones sociales, tanto gremios laborales como empresariales, sobre la necesidad de un acuerdo sobre un pacto de reforma del mercado laboral es un elemento muy positivo. Nuestro mercado laboral requiere de una profunda y completa revisión para mejorar la eficiencia de la economía.
El punto de partida de cualquier discusión sobre la reforma laboral debe ser el reconocimiento de que la legislación debe tener un doble propósito: la protección del trabajador y, a la vez, la promoción de la eficiencia económica mediante la regulación de un mercado de trabajo flexible y de costo razonable.
La necesidad del pacto laboral nace desde la premisa de que el Código de Trabajo y sus normas se encuentran desfasadas frente a las necesidades actuales, y dichas normas han sido concebidas para proteger al trabajador sin considerar los elementos de costo-eficiencia requeridos para la competitividad de la economía a nivel mundial.
Uno de los elementos de mayor incidencia son los elevados costos y el régimen poco flexible que se impone. Entre los costos del mercado laboral que no son transparentados podemos destacar: una bonificación extraordinaria de entre 45 y 60 días de salario (dependiendo de la antigüedad del empleado); pago por desahucio laboral que continúa creciendo año tras año (no se encuentra sujeto a ningún monto máximo); y el pago al Infotep del 1% sobre el monto total de sueldos fijos.
En otro orden, las inflexibles reglas que imponen restricciones en el establecimiento de los horarios laborales impiden el eficiente desenvolvimiento de la economía moderna. Uno de los sectores de mayor crecimiento en nuestra economía, el de los servicios, requiere personal disponible en horarios muy variados; por ejemplo, los “call centers” que atienden llamadas de todo el mundo deben estar disponibles en distintos horarios para cubrir las necesidades de sus clientes.
Otros elementos que inciden en la ineficiencia del mercado laboral incluyen la bonificación por participación en los beneficios de la empresa y las reglas de nacionalización del trabajo presentan trabas para el eficiente desenvolvimiento del mercado laboral.
Los líderes gremiales, del sector de los trabajadores y el empresarial, deben tratar el tema de una forma comprensiva, sin cerrarse en posiciones inflexibles. Pues si bien es cierto que la legislación laboral debe proteger al trabajador, debe primar la promoción de políticas públicas para incentivar el empleo, algo que beneficia a todos los miembros de la sociedad.
