Autoridades de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtieron este miércoles de las limitaciones que presentan los sistemas de protección social en los países de América Latina a la hora de garantizar el poder adquisitivo de trabajadores y familias en épocas de crisis económicas.
“Cuando la economía va bien, los sistemas de protección social funcionan mejor, se desarrollan, aumentan las coberturas. Cuando hay crisis, tenemos que hacer el ajuste y caen los niveles de protección”, señaló el director de la OIT para el Cono Sur, Fabio Bertranou, en un encuentro con la prensa en Buenos Aires.
Para él, el comportamiento de estos sistemas en la región está directamente relacionado con los ciclos económicos y lo deseable sería “que se invirtiera esa relación” y, ante una crisis, “tuvieran una cierta capacidad en términos de recursos y de respuesta para poder suavizar ese ciclo”.
A su juicio, solo de esa forma se puede “compensar” a los trabajadores y “ayudar” a las familias para que no pierdan poder adquisitivo y la situación de crisis “no se exacerbe” y aumente la informalidad laboral.
Aplicar una política fiscal “contracíclica” para enfrentar estas fluctuaciones económicas es una de las líneas de acción que destaca el informe “Presente y futuro de la protección social en América Latina y el Caribe” de la organización, que presentó Bertranou junto al director regional de la OIT, José Manuel Salazar-Xirinachs, y el titular de esta en Argentina, Pedro Furtado de Oliveira.
El estudio también apunta a ampliar la cobertura para la infancia de forma que se aproveche su potencial y aumente la productividad laboral a futuro, así como a asegurar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.
“La transición demográfica nos afecta muy de cerca porque, contrariamente a lo que uno observa en otras regiones, en América Latina, el envejecimiento está mucho más acelerado y puede producirse muy rápidamente en las próximas dos décadas, sobre todo en países jóvenes, como Brasil y Centroamérica”, advirtió Bertranou.
Por ese motivo, hizo hincapié en la necesidad de, por un lado, adaptar las coberturas para personas mayores al cambio demográfico, y de, por otro, garantizar un sistema de cuidados sólido, con una fuerza de trabajo preparada y en la formalidad para hacer frente a esa demanda que inevitablemente va a aumentar con el envejecimiento de la población.
También insistió en la importancia de adaptar los sistemas de protección a los cambios tecnológicos que han generado nuevas formas de empleo -como Uber- y al impacto del cambio climático, ya que los países de la región suelen estar preparados para prestar ayuda humanitaria a corto plazo pero no para ofrecer una respuesta “más estructural” y sólida.
Según el informe de la OIT, en América Latina la cobertura de la seguridad social aumentó del 36.6% al 44.6% entre 2005 y 2015, aunque la cifra deja en evidencia que todavía más de la mitad de los trabajadores de la región no cotiza.
Por subregiones, el Cono Sur registra la cifra más alta, con una tasa del 58.6%, frente al 31.4% de los países andinos y el 31.2% de México y Centroamérica.
La falta de cobertura afecta especialmente a los trabajadores por cuenta propia (apenas un 15% cotiza) y a los domésticos (26.6%), ya que se concentra especialmente en los asalariados públicos (80%) y del sector privado (62.5%).
En cuanto a las pensiones, todavía hay un 49% de personas de más de 65 años que no recibe una y la brecha por género es muy marcada: el 47% de las mujeres mayores no recibe ingreso alguno frente al 17% de los hombres.
