Autoridades de Gobiernos y de organismos privados de América Latina instaron este martes en Brasilia a cerrar filas contra el contrabando y la piratería, dos delitos que están cada vez más asociados al crimen organizado trasnacional.
“El contrabando no es más una actividad ‘artesanal’, como era en el pasado, y está cada vez más integrado a organizaciones del crimen trasnacional y a bandas de traficantes de armas y drogas”, declaró el canciller brasileño, Aloysio Nunes, durante una reunión de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC).
En la reunión participaron autoridades de Gobiernos y sectores privados de una decena de países, a los que Nunes instó a “dar una batalla común” contra esos delitos, pues “no basta con el esfuerzo de los organismos de seguridad” oficiales.
Según datos reiterados este martes por la ALAC, el contrabando moviliza en América Latina unos 80,000 millones de dólares anuales, pero es también un factor que frena el desarrollo, pues contribuye a elevar la inseguridad jurídica y ahuyenta así a muchos posibles inversores.
El brasileño Edson Luiz Vismona, miembro de la dirección de la ALAC, coincidió con el canciller Nunes y aseguró que los vínculos que el contrabando ha tejido con el crimen organizado trasnacional constituyen una nueva “amenaza para los Estados”.
Según Vismona, el contrabando y la piratería son “un fenómeno que se ha expandido por América Latina” y afectan directamente tanto la seguridad jurídica que requieren los empresarios como otros aspectos “tan o más graves”, entre los que citó la seguridad y la soberanía.
Vismona también incidió en el daño que esas actividades causan al erario público y citó el caso del contrabando de cigarrillos, que, según datos de la ALAC, “se ha tomado el 44% del mercado brasileño” legal de esos productos, una tasa que en Chile llega al 22% y en Argentina se sitúa en el 14%.
Entre los factores que incentivan esa actividad, el directivo de ALAC señaló las “asimetrías impositivas” y el “aumento continuo de la carga tributaria” en los países de la región, menos en Paraguay, considerado uno de los más activos en el contrabando de cigarrillos.
“Paraguay es el país que impone la menor carga tributaria a la producción de cigarrillos, con un 16%”, mientras que en Argentina, Brasil y Chile esos impuestos oscilan entre un 60 y 80 %, aseguró.
También sostuvo que, de la mano del contrabando, las bandas del crimen organizado se han hecho fuertes en la región de la “triple frontera” entre Argentina, Brasil y Paraguay, que es una de “las más activas” tanto en ese delito como en todo tipo de tráfico ilegal.
“El contrabando y la piratería de productos también sirven hoy para financiar el crimen organizado”, por lo que es necesaria “una actuación firme, que integre a todos los organismos de seguridad de los países” de América Latina, agregó Vismona.
Más allá de esa mayor cooperación de organismos de seguridad, la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Paola Buendía García, enumeró otras “buenas prácticas” que pueden ser efectivas en el combate al contrabando.
Entre ellas citó campañas de promoción y educación volcadas a los consumidores y ya usadas en Colombia mediante las cuales se alerta de los efectos que el contrabando tiene sobre toda la sociedad.
Según Buendía García, en la medida en que el consumidor adquiere conciencia sobre el “peligro” que esconden los productos ilegales, comienza a dejar de lado la opción de “comprar más barato” y pasa a ser “corresponsable” de la vigilancia y de “su propia seguridad”.
De acuerdo a los datos presentados durante la reunión de la ALAC, los sectores en los que el contrabando y la piratería están más presentes en los países de América Latina son los de cigarrillos, calzados, textiles, bebidas alcohólicas y audiovisuales.
