Recientemente se publicó en medios de comunicación una propuesta legal que procura mejorar los derechos laborales de las empleadas domésticas, con el derecho a vacaciones pagadas, así como de su inclusión en el sistema de seguridad social, mediante el régimen contributivo.
A la hora de hablar de seguridad social para las empleadas domésticas hay que tomar en cuenta algunos aspectos, entre ellos que el derecho a vacaciones ya está incluido en el Código de Trabajo dominicano, por lo que cualquier iniciativa legal en esa dirección, antes que populista, debería ser realista y basada en el conocimiento y no en la ignorancia.
Sin embargo, no hay dudas de que las y los empleados domésticos merecen tener mejores derechos laborales. Hablo de los y las, porque se pierde de vista que en la actualidad hay tantos empleados domésticos como empleadas. Esto es, vigilantes de los condominios, encargados de limpieza y otros tantos, en gran proporción de nacionalidad haitiana y, por supuesto, carentes de seguridad social.
En cuanto a incluir a los empleados domésticos informales en la seguridad social, es decir, cotización para el plan básico del Seguro Familiar de Salud (SFS), así como el plan de pensiones, se debe tomar en cuenta que sus patrones no son empresarios, sino empleados o personas físicas que trabajan como independientes, por lo que no pueden convertirse en empleadores formales sin que eso tenga mayores implicaciones.
Además, se pierde de vista la práctica a la inversa que se da con las cotizaciones a la seguridad social. ¿Por qué a la inversa? Porque sabemos que existen empresas que incluyen en su nómina a “empleados” que en realidad no lo son, los registran y ponen a cotizar en la seguridad social para que puedan acceder a un seguro médico para él o ella y su familia, especialmente cuando son trabajadores informales e independientes que ganan suficiente y no desean entrar en la formalidad.
Esa mafia de determinados empleadores en perjuicio de la seguridad social, se registra a la inversa con determinados trabajadores informales, como empleados y empleadas domésticas que tienen el beneficio de la tarjeta Solidaridad de asistencia social estatal con todos los beneficios que involucra (bono gas, bono luz, aporte por los niños en la escuela, aporte fijo para consumo de alimentos).
Entonces, en el mismo instante en que ese beneficiario de la tarjeta Solidaridad aparece registrado como empleado formal, con la cotización de su nombre en el seguro y plan de pensiones del régimen contributivo, dejaría de ser beneficiario de la ayuda social estatal.
Conozco casos de personas que laboran de manera informal en el área de limpieza de microempresas y cuando el propietario les ofrece nombrarles con el mismo nivel de ingresos, rechazan la formalidad y prefieren que les sigan pagando de manera informal como igualados, para no perder los beneficios de asistencia social del Gobierno.
Se pudiera pensar que eso es absurdo, pero en realidad tiene sentido para muchas personas de estratos sociales bajos que aprovechan mejor los beneficios que puede darles la informalidad laboral frente a las posibles pérdidas directas o indirectas que les implicaría la formalidad.
No hay que olvidar otro elemento. Un empleado formal recibe de su patrón el aporte aproximado de 14% de su salario para la seguridad social, además de que sufre el descuento de alrededor de un 6% de sus ingresos para completar la cuota mensual de los planes de salud y pensiones obligatorios establecidos.
Para algunos trabajadores, es preferible recibir de manera directa ese 20% adicional en sus ingresos y quedarse como empleado igualado, más cuando se trata de alguien que a su vez tiene pareja en el sector laboral formal. Es decir, un trabajador informal, casado con una empleada formal y con cinco hijos, se beneficia del seguro médico de su esposa junto a sus hijos y puede, entonces, aceptar que su empleador lo mantenga como igualado y que le dé en aumento salarial el 20% que se iría a la seguridad social para recibir el mismo beneficio que tiene con el hecho de que su pareja sea asegurada.
Son esas algunas de las tantas distorsiones que rodean nuestro sistema de seguridad social.
