Todos los dominicanos reconocen la importancia estratégica que tienen los combustibles en el desarrollo de la economía. Todo lo que se mueve necesita energía y los hidrocarburos, en prácticamente cualquier actividad económica, tienen una ponderación muy alta.
Pero la seguridad de los consumidores está por encima de todas las cosas, incluso muy sobre los intereses comerciales y particulares, lo cual ha quedado demostrado con la atinada decisión del ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Nelson Toca Simó, respecto a que el país aún no dispone de estaciones diseñadas para vender GLP y gasolinas juntos.
“Lo que no puede ser, bajo ninguna circunstancia, es que pongamos en peligro a la ciudadanía”, destacó el ministro. Lo importante aquí es velar por que sigan mejorándose los mecanismos de seguridad y regularización del sector, lo cual va acorde con la decisión del Estado.
Luego de agotado el viejo modelo a través del cual se fijaban los precios de los combustibles, que hasta finales del 2000 no respondían a una legislación, llegó la Ley 112-01, que surgió para darle transparencia al sector. Y así ha sido. ¿Qué demandan los tiempos actuales? República Dominicana no puede quedarse rezagada y seguir con la práctica antimercado de fijar precios. La oferta y la demanda debe ser lo que prime en un mercado perfecto.
Ante lo que demandan los nuevos tiempos, máxime cuando el país es signatario de importantes acuerdos comerciales y es miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde 1995, la desregulación del sector de combustibles, en lo que compete a los precios, es fundamental para responder exigencias del mercado.
La discusión es oportuna a partir de un comunicado publicado por algunas de las empresas comercializadoras de combustibles del país, en el que recuerdan que el 7 de noviembre del año pasado el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) dispuso postergar cualquier decisión respecto a la implementación en República Dominicana del modelo de estaciones de expendio combinadas para combustibles de uso vehicular o autogas. El reto de transformar el sector de los combustibles hay que verlo de forma holística, sin obviar ninguna de las variables que intervienen.
Las autoridades, de su lado, han hecho un magnífico trabajo al garantizar una correcta supervisión de todo lo relacionado con los estándares de seguridad y calidad con que deben operar las estaciones de servicios. Sin embargo, ante una realidad más exigente, el mercado de los combustibles en República Dominicana se desenvuelve en un contexto que urge profundas transformaciones, especialmente en lo que respecta a una liberalización o desregulación de los precios. Los más beneficiados, por supuesto, serán los consumidores.
Los economistas Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), y Miguel Collado di Franco, economista senior de la organización, afirman que los combustibles constituyen una variable fundamental en la estructura de costos de la industria y, por ende, en la capacidad de competir de las empresas. A su entender, los precios de los hidrocarburos no deberían ser fijados semanalmente desde el Gobierno mediante la aplicación de una legislación.
Todo lo contrario. Apuestan a que el mercado de los hidrocarburos sea sometido a la competencia en el que los que transportan o vendan combustibles compitan entre ellos sobre la base de precios y calidad.
Es obvio que República Dominicana debe avocarse a una modificación profunda del marco jurídico que norma a este sector tan importante para la economía. Por lo pronto se impone anteponer la seguridad de los consumidores.
