Con el fin de garantizar el flujo de recursos en la terminación y puesta en operación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), el Gobierno dominicano acordó con el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella aportar US$336 millones a un fondo contingente con el cual persigue evitar dilaciones en el proyecto, mientras ambas partes esperan la decisión de un proceso de arbitraje por el reclamo de US$708 millones que reclama la constructora.
El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, y el administrador general de Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder, hicieron el anuncio durante una rueda de prensa en las instalaciones del proyecto que se desarrolla en Punta Catalina, provincia Peravia.
Aristy Escuder explicó que el acuerdo permitirá que la primera unidad sincronice a finales de este año, y que para inicios de 2018 comience a aumentar la carga hasta colocarse por encima de los 366 megavatios en términos netos. Indicó que, a partir de ese momento, se estaría sustituyendo energía mucho más cara y cuando esta central genere a plena capacidad habría desplazado gastos de entre US$500 millones y US$600 millones en energía.
“Cada acción que lleva a cabo el Gobierno está enfocada en defender los intereses del pueblo dominicano y esto se ha traducido en dos líneas de acción: la primera tiene como objetivo enfrentar victorioso el arbitraje internacional que tendrá lugar ante las solicitudes por pagos adicionales por US$708 millones que ha realizado el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella y nuestra negativa de acceder ante esa solicitudes, porque tenemos evidencias contundentes de que las mismas son infundadas”, dijo.
Aristy Escuder anunció la contratación de una de las oficinas de abogados más prestigiosas de Washington y Nueva York en este tipo de litigios, la firma Foley Hoag LLP que acumula más de 75 años de experiencia. El ejecutivo señaló que actualmente el bufete trabaja en la conformación de un caso que “sea sólido y bien documentado” para lograr la victoria en este proceso de arbitraje.
El acuerdo
Con relación al acuerdo, Aristy Escuder indicó que en los términos que se firmó se deja claramente establecido que el fondo contingente no altera o modifica en manera alguna el precio del contrato, es decir, la planta sigue siendo de US$1,945 millones y nada establecido en el acuerdo podrá interpretarse en sentido contrario o ser utilizado como precedente en cualquiera fuera su naturaleza en relación a la disputa pendiente de arbitraje.
“La parte que pierda en el proceso de arbitraje será la que pagará esos recursos que estarán colocados en ese fondo y que asciende al monto de US$336 millones, en caso de que la empresa no cumpla con las fechas previstas, desde la fecha de enero de 2019 estaríamos hablando de que por cada día de atraso tendrá el consorcio que pagarle al Gobierno dominicano 220,000 mil dólares”, aseguró.
Por otro lado, la segunda línea de acción que menciona el ejecutivo es la finalización y la puesta en marcha sin interrupciones o retrasos de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. “Estamos decididos a cumplirlos los plazos en la forma más breve, porque la central suplirá el 35% de la demanda de electricidad de este país”, dijo, la cual se agrava por la actual situación de desabastecimiento provocado por los desafortunados eventos a la empresa generadora AES Andrés.
El ejecutivo resaltó que Punta Catalina, como será de 752 megavatios, una sola de sus unidades superará a la planta de generación más grande que existe en el país en la actualidad y que el objetivo principal del Gobierno es asegurar energía eléctrica a la población las 24 horas del día.
Plantas
Rubén Jiménez Bichara señaló que la situación actual de agudización de los apagones, debido a la salida de AES Andrés, obliga a acelerar el proceso de licitación para nueva generación que había iniciado la CDEEE.
“Estamos trabajando en la elaboración de las bases de esa licitación para las plantas a gas que estarían en generación en los años subsiguientes, este proceso también será acelerado para asegurar que la demanda tenga respuesta económicamente sostenible y temprana”,dijo el funcionario.
