Representantes regionales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) expresaron su satisfacción por los avances logrados en República Dominicana en materia migratoria, informó este jueves el Ministerio de Interior y Policía (MIP) en un comunicado.
Así se lo manifestaron los miembros del organismo internacional al director del Gabinete Ministerial del MIP, Elcido Rafael Amarante, durante una reunión celebrada ayer y de la que se informó, para tratar temas relativos al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), la Ley 169-14 de Naturalización Especial y sobre las migraciones en el Caribe.
Los representantes de Acnur están proponiendo la realización de encuentros con otras instituciones gubernamentales involucradas en la naturalización y la migración, y reiteraron su apoyo para que República Dominicana siga dando respuesta a los cientos de casos de personas inmigrantes.
El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) en situación migratoria irregular en República Dominicana se inició en junio del año 2014.
Y su objetivo fue dotar de documentos de identidad y permiso de estadía a nacionales extranjeros que estaban residiendo de manera irregular en el país.
El PNRE fue puesto en marcha tras una polémica sentencia dictada en 2013 por el Tribunal Constitucional (TC) dominicano, que niega la nacionalidad a los hijos de los extranjeros indocumentados.
Según los datos de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2012), en República Dominicana residen 524,632 personas extranjeras, de las que 87.3% son del vecino Haití.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos.
Asimismo, promueve soluciones duraderas a situaciones migratorias mediante el reasentamiento voluntario en su país de origen o en el de acogida.
El pasado año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a República Dominicana en el capítulo IV del informe conocido como la “lista negra”, que incluye los países donde las violaciones de derechos humanos requieren una “atención especial” por parte de este organismo.
Posteriormente, en marzo de 2018 sacó al país caribeño de esa relación, decisión con la que el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció los avances de la nación en materia de derechos humanos y el compromiso del Gobierno dominicano de continuar trabajando en los desafíos pendientes.
