Organizaciones sociales representadas en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de Naciones Unidas denunciaron este viernes en Roma las “violaciones” al derecho de alimentación en el mundo pese a las promesas gubernamentales.
Un total de 83 representantes de distintos grupos, englobados en el llamado mecanismo de la sociedad civil del CSA, critican en un informe difundido hoy a los gobiernos por no hacer lo suficiente para evitar el hambre, que en 2017 aumentó por tercer año consecutivo hasta los 821 millones de personas.
“El derecho a la alimentación es el derecho humano más violado”, dijo la activista rumana Ramona Duminicioiu, del movimiento de La Vía Campesina, que pidió “poner en el centro de las políticas” a las comunidades que sufren inseguridad alimentaria y están “en primera línea” del cambio climático y los conflictos.
El informe afirma que la mayoría de esas violaciones ocurren a menudo “sin posibilidad de recurso, acceso a la justicia o responsabilidad estatal”, como en los casos de persecución de líderes campesinos y defensores del medioambiente.
También repasa la implementación de las directrices voluntarias para apoyar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, adoptadas por los países miembros de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2004.
En los últimos veinte años ha aumentado el número de países que reconocen el derecho a la alimentación en sus constituciones y han adoptado enmiendas para protegerlo directamente, como Bolivia, Ecuador, Kenia, México y Nepal.
Duminicioiu destacó que la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa ha hecho “avances significativos” al crear espacios participativos a nivel nacional y regional para incluir a la sociedad civil en el diseño de las políticas alimentarias.
La representante mostró su confianza en que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, un foro intergubernamental al que están invitados el sector privado y la sociedad civil, evalúe la actuación de los países en la reunión anual que celebra la próxima semana en la sede de la FAO en Roma.
Además, apeló a la responsabilidad de los Estados para supervisar la implementación de instrumentos que han negociado a nivel internacional y reforzar la cooperación.
Una representante de los jóvenes indígenas, la argentina Margarita Gómez, se quejó de la falta de oportunidades laborales, acceso a la tierra y servicios, factores que les fuerzan a migrar de sus lugares de origen.
“¿Quién va a continuar así la vida en el campo?”, preguntó Gómez, que exigió nuevas herramientas para dar valor a la agricultura familiar, promoviendo el consumo de alimentos de calidad y los mercados locales.
