La Ley 8 de 1990, promulgada con la finalidad de fomentar el desarrollo de zonas francas de exportación, constituyó en su momento una certera medida de política pública que buscaba impulsar el desarrollo productivo en República Dominicana. A partir de este instrumento legal, se establecieron en República Dominicana una cantidad importante de operadoras de zonas francas, atraídas por el ventajoso régimen fiscal que amparaba la producción y comercialización de bienes y servicios de las empresas allí instauradas.
Generación de divisas, contribución al producto interno bruto, creación de empleos y atracción de inversión extranjera, fueron los justificativos que avalaban las concepciones aduaneras que la Ley 8-90 traía consigo. De esa manera, el país se convirtió en un referente de un modelo productivo en donde aparentemente todos ganaban. Por un lado, se incentivaba la inversión, mientras que, por otro lado, aumentaba la cantidad de puestos de trabajo disponibles, sobre todo para la mujer, y también se generaban divisas que engrosaban las reservas internacionales del Banco Central. Es decir, que el sacrificio fiscal que estaba haciendo el Estado iba a ser recompensado. Y, ciertamente, muchos de estos objetivos fueron alcanzados.
El propio gobierno dominicano levantó una enorme infraestructura física a nivel nacional, con la creación de las zonas francas especiales, pues se entendía que existiría un encadenamiento productivo entre las empresas innovadoras de este nuevo esquema, y la industria manufacturera local, que en el mediano y largo plazo redundaría en beneficio de los consumidores locales. Hasta el Infotep, en su momento, estableció un régimen especial que beneficiaba a las empresas de zonas francas, devolviéndole un 35% de lo que aportaban de acuerdo a la Ley 116-80.
Hoy en día, las zonas francas de exportación continúan jugando un rol fundamental en la economía dominicana; sin embargo, cabe la duda de si todo el sacrificio fiscal que ha hecho el Estado dominicano, desde la aparición de la Ley 8-90, ha sido recompensado en su totalidad con los aportes de las empresas a la economía. Transparentar esto sería útil para los contribuyentes. Y también cabe la duda de si realmente se han hecho los esfuerzos necesarios para articular este modelo productivo con la industria local, de forma y manera que se impulse la reiterada transferencia tecnológica. Mientras tanto, aplaudamos que se continúen instalando en el país una mayor cantidad de empresas y operadoras de zonas francas, sobre todo en el año de fomento a las exportaciones, aunque estas no sean locales.
