La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial (BM) afirmaron este lunes que, acabar con la brecha entre hombres y mujeres en su participación económica, implicaría una aceleración “necesaria” en la economía de los países latinoamericanos.
En un encuentro en la sede de la Cepal en Santiago, las autoridades de los diferentes entes internacionales y del Gobierno chileno analizaron el marco normativo para la autonomía económica de las mujeres y la igualdad de género.
“En este caso, enfocarnos en la economía nos parece fundamental porque la desigualdad, además de ser injusta, es profundamente ineficiente. Es un obstáculo que conspira en contra del desarrollo”, afirmó la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.
Según los datos del 2017 de este organismo de la ONU, en América Latina y el Caribe, un 76% de los hombres accedieron al empleo mientras que las mujeres solo lo lograron en un 52%.
En relación con este dato, más de la mitad de mujeres de la región mencionada no tienen ingresos propios o sus sueldos son inferiores al salario mínimo.
Sobre la brecha salarial, la Cepal calcula que en la actualidad hay un 16% de diferencia entre el monto que percibe un hombre y una mujer con iguales calificaciones.
“Es ineficiente que las mujeres tengan mayores niveles educativos que los hombres y enfrenten discriminaciones en los mercados laborales. Este desaprovechamiento de las capacidades de las mujeres y el techo de cristal que les impide acceder a altos cargos es un techo a la productividad de nuestros países”, sentenció Bárcena.
La secretaria ejecutiva de la Cepal también lamentó que la mitad de las mujeres ocupadas se encuentren en puestos de trabajo de baja productividad, en microempresas, empleadas en el hogar o en situaciones inestables de autoempleo.
En cuanto a la necesidad de desarrollar la legislación para mejorar la situación de desigualdad, el gerente de operaciones para la zona andina del BM, Boris E. Utria, afirmó que “la ley es una condición necesaria pero no suficiente para conseguir los cambios que son necesarios”.
“La ley da unos parámetros, pero a no ser que las normas sean implementadas en su totalidad, cada vez que una mujer se encuentre con una situación (discriminación), la ley no le sirve porque es un pedazo de papel”, agregó Utria.
En este sentido, especificó que las leyes necesitan una forma de implementación concreta, presupuesto y un marco de consecuencias legales para sus infractores y añadió que, si no se toman medidas para el cambio cultural, “la ley tarda 80 años en implementarse”.
En el encuentro de este lunes también se analizó el Informe Mujer, Empresa y Derecho 2018, presentado en marzo de este año por el Banco Mundial, y que mide los obstáculos legales que enfrentan las mujeres que se dedican a actividades económicas en 189 países.
Su principal conclusión es que más de 2,700 millones de mujeres no pueden acceder legalmente a las mismas opciones laborales que los hombres.
La ministra de Mujer y Equidad de Género de Chile, Isabel Plá, también participó en la reunión celebrada hoy y destacó que aunque la ley contribuye a superar las brechas aún hay un “concepto cultural muy arraigado”.
Plá destacó la necesidad de que las mujeres de Chile logren una autonomía financiera, ya que 3 de cada 5 chilenos que no perciben ingresos son mujeres.
“Cada mujer debería sentir la sensación de libertad que sentí al recibir mi primer sueldo”, concluyó Pla.
