A partir del próximo 1 de enero los países de la Unión Europea podrán gravar los beneficios desviados artificialmente por las empresas de un país a otro para eludir impuestos, con la entrada en vigor de una normativa para combatir la ingeniería fiscal agresiva de las multinacionales.
Las reglas facilitarán a los estados miembros nuevas herramientas en ese ámbito y, según el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, serán un paso importante en la lucha contra la planificación fiscal agresiva.
“Todavía no hemos ganado el combate pero las nuevas normas marcan una etapa muy importante en nuestra lucha contra aquellos que tratan de explotar las lagunas de los sistemas fiscales de nuestros estados miembros para eludir miles de millones de euros de impuestos”, señaló el comisario en un comunicado.
La Directiva contra la Evasión de Impuestos fija un conjunto de medidas que todos los países de la UE deberán aplicar contra algunas de las prácticas de planificación fiscal más agresivas.
En primer lugar, establece una regla para disuadir a una empresa multinacional de derivar los beneficios obtenidos por su matriz en un estado con alta fiscalidad a las filiales en países que disfrutan de un régimen impositivo más benévolo.
Para permitir a los Gobiernos gravar los beneficios desviados artificialmente, la legislación incluye un mecanismo que se activará cuando el tipo impositivo efectivo del país donde se encuentra la filial sea menos de la mitad del correspondiente al estado miembro afectado.
En segundo lugar, se aplicará la regla de limitación de intereses para disuadir a las empresas de crear una deuda artificial.
En la actualidad los pagos de intereses suelen ser deducibles, lo que hace que algunas empresas estructuren sus préstamos de tal modo que la deuda se concentra en las filiales situadas en países con la tributación más alta, donde el pago de los intereses puede ser descontado de la factura.
Con las nuevas normas se limitarán los intereses deducibles, sobre la base de un porcentaje fijo de los beneficios.
La normativa también incluye mecanismos para evitar que las empresas se beneficien de las incongruencias entre las legislaciones nacionales, ya que algunas compañías aprovechan las lagunas existentes para obtener deducciones fiscales en distintos países o una deducción en un país por un ingreso por el que no han pagado impuestos en otro.
Asimismo, la normativa prevé disposiciones contra la planificación fiscal agresiva en general, que podrán aplicar las autoridades cuando crean estar ante un caso de ingeniería fiscal artificial, pero no pudieran encajar la práctica en ninguno de los casos anteriores.
Esta legislación se enmarca dentro de la iniciativa internacional promovida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G20 sobre la Erosión de la Base de Imposición y la Transferencia de Beneficios (BEPS, en inglés), que guía los esfuerzos globales en la lucha contra la evasión fiscal.
En los últimos años han entrado en vigor en la UE normas de transparencia para que los países tengan información contra las empresas que no pagan su parte correspondiente de impuestos.
La UE también está trabajando para que sus socios internacionales apliquen reglas contra la evasión fiscal y la Comisión Europea ha propuesto reformar el impuesto de sociedades para revisar la tributación de las multinacionales en los Veintiocho.
