La Justicia belga ha prohibido definitivamente en la capital de Bélgica los servicios de transporte a través de la aplicación de Uber, según la sentencia que ha sido publicada esta semana en varios medios locales.
El Tribunal de Comercio de Bruselas prohibió en septiembre de 2015 los servicios de transporte remunerados de ‘UberPop’ al considerarlos ilegales a raíz de una denuncia presentada por Les Taxis Verts y le impuso una multa de 10,000 euros por infracción si no cesaba sus servicios.
La juez del Tribunal de Comercio de Bruselas ha clarificado este fallo –en una sentencia el pasado 18 de diciembre, de la que solo se han hecho eco ahora los medios belgas– al precisar que solo los conductores con una licencia de taxi en Bruselas y la placa lumínica correspondiente en la parte superior del vehículo podrán operar en la capital belga y que, por tanto, los servicios de transporte remunerados de Uber son ilegales en Bruselas.
La sentencia, en concreto, considera ilegales los servicios de transporte realizados por “conductores que no disponen de la autorización prevista en el artículo 3 de la ordenanza del 27 de abril de 1995, con independencia de la designación del servicio implicado por Uber”, según recoge el texto de la misma, de la que se han hecho eco los diarios ‘La Libre Belgique’ y ‘La Dernière Heure’.
En reacción a la sentencia, Uber ha asegurado que el fallo no tendrá “un impacto inmediato” sobre sus actividades y ha lamentado que la juez no haya sido “más precisa” sobre la diferencia “fundamental” entre ‘UberPop’ y ‘UberX’, cuyos conductores sí cuentan con las licencias necesarias.
“No tiene un impacto inmediato sobre nuestras actividades”, ha asegurado a la agencia ‘Belga’ la compañía, que ha recalcado que la sentencia no constituía “una decisión determinante si no informativa” y falta una sentencia definitiva.
Para reclamar las multas directamente a Uber, un tribunal belga debería primero fijar un montante definitivo y después aplicarla un juez de Países Bajos, país que acoge la filial de la multinacional estadounidense de la que dependen los conductores belgas, por lo que podría pasar meses hasta que Uber se viera obligado a pagar, según informa la cadena pública valona RTBF. Hay un segundo proceso judicial abierto contra Uber en el que se han pedido multas mucho más elevadas.
A menos que las autoridades de la región de Bruselas decidan prohibir la aplicación, la competencia la tiene el Ministerio de Movilidad belga. Desde el gabinete del ministro, Pascal Smet, se han limitado a aclarar que están “analizando esta primera sentencia” antes de tomar una decisión, según informa la cadena francófona pública.
