Los desarrolladores inmobiliarios gastan entre un 5% y un 10% más en una obra por los sobornos que dan a las autoridades de Ciudad de México, informó este martes la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
“Derivado de las investigaciones, concluimos que el costo de una obra puede incrementarse entre 5% y 10% por actos de corrupción”, dijo a Efe la investigadora de MCCI Eugenia Castañeda tras presentar el “Diagnóstico sobre corrupción en el sector inmobiliario”.
Para la directora de Integridad Empresarial de MCCI, el trámite “más propenso” a la corrupción es el de manifestación de construcción, el último convenio que han de cumplir las inmobiliarias antes de poner la primera piedra.
El informe se elaboró con entrevistas, encuestas en internet y talleres a finales de 2017 e inicios de 2018 a 45 firmas inmobiliarias, de tamaño mediano y grande, que operan en la capital mexicana.
Si bien los resultados se extrajeron en la capital, dichas compañías tienen también intereses en buena parte del país, por lo que los resultados podrían ser parecidos en otros puntos de México, opinó la experta.
De las autoridades capitalinas, las más corruptas o con mayor percepción de corrupción son las alcaldías (antiguamente delegaciones) como Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuajimalpa o Benito Juárez.
Además de las alcaldías, otras autoridades relacionadas con sobornos serían la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, el Instituto de Verificación Administrativa o la Autoridad del Agua.
Según el documento, las formas “más comunes” de corrupción son las cuotas de unos 20.000 pesos (1.049 dólares), la solicitud de un apartamento de la obra, la obligación de dar trabajo a un contratista en específico o, incluso, realizar obras en edificios públicos.
Los sobornos también contemplan regalos personales como “un tráiler de víveres”, entradas para la Fórmula 1 para los funcionarios, demoler viviendas afectadas por el sismo de septiembre de 2017 o arreglar parques.
De entre los entrevistados, el 94% dijo haber sido víctima de extorsión o corrupción, pero solamente el 36% denunció, en parte porque el 42% no confía en las autoridades.
Tras la elaboración de este diagnóstico, que para la investigadora supone “un primer esfuerzo” para hacer un mapa de la corrupción inmobiliaria, la ONG formuló una serie de recomendaciones para empresas y autoridades.
En primer lugar, consideró que se deben transparentar y mejorar la aplicación de las cuotas de mitigación que pagan los desarrolladores para reducir el impacto ambiental e hidráulico de sus obras.
“Muchas veces acabamos con caos vial o desabastecimiento de agua como consecuencia de desarrollos y es porque las cuotas que se pagaron no son aplicadas en las demarcaciones, sino que entran en una caja negra de la Secretaría de Finanzas, y ello dificulta su rastreo”, agregó.
En segunda instancia, la ONG instó a modernizar y simplificar el marco regulatorio, así como delegar ciertos trámites a terceros especializados y con conocimientos técnicos.
Finalmente, propuso acciones “colectivas” y “autorregulación” a llevar a cabo por desarrolladores inmobiliarios, para así evitar los actos de corrupción.
De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la construcción aporta cerca del 9% del producto interno bruto (PIB) de México, generando seis millones de empleos directos y unos 2.8 millones de empleos indirectos.
