El análisis del costo-beneficio de las normas promulgadas por el Estado es uno de los principios rectores del análisis económico del derecho. En este sentido, uno de los aspectos que ha sido poco comentado –quizás porque fue al inicio de la alocución– del discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina, el pasado 27 de febrero, fue su propuesta de evaluar el costo-beneficio de las normas, reglamentos y otras regulaciones del Estado dominicano.
El análisis económico del derecho es una rama de estudio que surge a mediados del Siglo XX, liderados por la denominada “Escuela de la Universidad de Chicago”, y cuyo propósito es aplicar conceptos económicos al derecho.
Mediante esta aplicación, se busca identificar las normas legales que son más eficientes, así como aquellas que no lo son, y las mejoras que pueden ser implementadas para aumentar la eficiencia de las normas legales.
En Estados Unidos, reputada como la cuna de esta disciplina, existe una agencia pública denominada Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA, por sus siglas en inglés) adscrita al Poder Ejecutivo, cuya función principal es determinar si los beneficios de cada norma que será publicada por una agencia son mayores a los costos de dicha norma. La institucionalización de esta importante función es muestra de la forma en que otros países han asumido las lecciones del análisis económico del derecho para mejorar su clima de negocios.
En República Dominicana existe un gran vacío al momento de considerar el impacto económico de las distintas normas promulgadas de tiempo en tiempo. Asimismo, tampoco contamos con un estudio sistemático de las normas administrativas, así como de su costo y su eficiencia para lograr los fines para los cuales fueron promulgadas.
La propuesta del presidente Medina de realizar una revisión para evaluar “cuánto está costando cada regulación, cada trámite y a comparar eso con los beneficios de modificarlo o simplemente eliminarlo” no debe pasar desapercibida ni quedar en letra muerta. Este pronunciamiento presidencial es uno de los más importantes compromisos del Poder Ejecutivo para mejorar la competitividad del país.
El 2019 ha sido declarado “Año de la Innovación y Competitividad” y una de las medidas más importantes para combatir la creciente burocratización del Estado dominicano es la evaluación de la eficiencia de las normas vigentes. Los empresarios, tanto dueños de pymes como de grandes empresas, citan al factor de la baja eficiencia de las normas del Estado como su principal obstáculo para la conducción de negocios; aprovechemos esta invitación del Presidente para hacer algo al respecto.
