El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, añadió este lunes cinco compañías cubanas a la lista de empresas que pueden ser demandadas en Estados Unidos por supuestamente beneficiarse de propiedades que fueron expropiadas tras la Revolución cubana.
En un comunicado, el Departamento de Estado informó de la actualización de la lista, cuyos cambios entrarán en vigor mañana cuando sean publicados en el Registro Federal, el diario oficial del Gobierno.
Según un borrador de la disposición que será publicada mañana, las empresas incluidas en esa lista son: un local en Varadero y cuatro propiedades de la cadena cubana de establecimientos turísticos Gaviota, entre los que se encuentran los hoteles Habaguanex, Playa Gaviota y Manzana de Gómez.
El pasado 4 de marzo, el Departamento de Estado anunció que, a partir del 19 de este mes, los cubano-estadounidenses podrán denunciar a compañías incluidas en la conocida como “Lista de Entidades Cubanas Restringidas”, creada a raíz de una orden ejecutiva del presidente de EE.UU., Donald Trump.
Trump creó esa lista en junio de 2018 para prohibir las transacciones de ciudadanos estadounidenses con empresas “bajo el control o que actúan en nombre” de los servicios militares, de inteligencia y de seguridad de Cuba, de acuerdo al Departamento de Estado.
En Cuba muchos de los hoteles son propiedad de compañías controladas por las Fuerzas Armadas y están gestionados en régimen de empresa mixta por corporaciones extranjeras, como el grupo Meliá, con sede en España.
Ante esta situación, EE.UU. ha determinado que, a partir del 19 de marzo, solo podrán interponerse denuncias contra la parte cubana propietaria de la entidad incluida en esa “lista negra”; pero no contra las empresas europeas que participan en esa sociedad.
De esa forma, Washington quiere evitar cualquier pleito por el título III de la ley Helms-Burton, que se mantiene suspendido desde que fue aprobado hace 22 años y que, de entrar en vigor, permitiría reclamar en EE.UU. propiedades confiscadas hace 60 años y de la que se benefician empresas de diferentes partes del mundo.
Cuando la norma se aprobó, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la isla se opusieron ferozmente al título III porque temían que sus compañías fueran demandadas en EE.UU.; y, por ello, la Unión Europea (UE) denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El Gobierno cubano considera “arbitraria” esa “lista negra” del Departamento de Estado y ha tratado de tranquilizar a los países y empresas que operan en Cuba al asegurarles que tienen el respaldo de las leyes cubanas y del derecho internacional para seguir invirtiendo en la isla.
