El Gobierno brasileño está preparando una reforma de toda la legislación para el gas natural en el país con la intención de reducir en más de un 50% el precio de este combustible y promover un “choque de energía” que reducirá los precios del transporte, las industrias y la generación eléctrica.
El proyecto fue anunciado este viernes por varios de los participantes en un seminario económico organizado por la Fundación Getulio Vargas en Río de Janeiro, entre los cuales el ministro de Economía, Paulo Guedes, y el presidente de la petrolera estatal Petrobras, Roberto Castello Branco.
“Queremos promover un choque de energía barata”, afirmó Guedes, quien anticipó que el proyecto prevé acabar con el monopolio del que disfruta actualmente Petrobras para extraer y distribuir gas en Brasil; atraer inversiones privadas al sector y reducir los impuestos y las normas que actualmente traban esta actividad.
El ministro afirmó que en el proyecto están trabajando conjuntamente los ministerios de Economía y de Minas y Energía, Petrobras, la Agencia Nacional de Petróleo y las gobernaciones de Río de Janeiro y Sao Paulo, estados que son los principales productores de gas natural en el país.
Guedes explicó que, pese a que Brasil tiene gigantescas reservas de gas natural que antiguamente quemaba y actualmente está reinyectando en los pozos por carecer de infraestructura para explotarlas, el precio del recurso llega a 12 dólares por millón de BTU (unidad de medida del recurso).
“Comparativamente, en Japón, que no tiene reservas de gas, el precio es de 8 dólares por millón de BTU; en la Unión Europea, que importa de Rusia, es de 6 dólares por millón de BTU, y en Estados Unidos es de sólo 3 dólares”, explicó.
El ministro explicó que lo que encarece el precio del gas natural en Brasil son, además de los impuestos y del exceso de reglamentación, la falta de competidores en el sector, ya que Petrobras es prácticamente la única empresa que lo produce y lo distribuye, y la propietaria de casi todos los gasoductos.
Aseguró que la falta de estructura para el gas se ha convertido en una traba para la propia producción de petróleo porque no hay capacidad para almacenar ni tuberías para enviar al continente el gas natural que es extraído conjuntamente con el crudo en las gigantescas reservas marinas en aguas profundas del país.
“Es necesario que la iniciativa privada construya esos gasoductos. Vamos a promover una ola de inversiones”, dijo.
Según el Gobierno, el gas barato interesa no solo a industrias que necesitan fuentes de energía menos contaminantes y costosas, como las termoeléctricas que actualmente son abastecidas con diesel y a los propietarios de las flotas de camiones.
El presidente de Petrobras afirmó que la distribución de gas no es una de las prioridades de la estatal y que esta actividad puede ser incluida en los planes de desinversión de la empresa.
“Tenemos condiciones de atraer a la iniciativa privada a este sector para que invierta en gasoductos y poder distribuir un combustible no solo más barato sino también más limpio”, dijo.
Según Castello Branco, el transporte por carreteras seguirá siendo por mucho tiempo el más importante del país y la posibilidad de abastecer a los camiones con gas reducirá los costos.
“Estamos trabajando con todo el Gobierno para cambiar el actual modelo para que el potencial de esa riqueza brasileña pueda ser explotado sin que Petrobras sea un monopolio”, dijo.
El presidente de Shell en Brasil, André Araújo, afirmó que la multinacional adquirió varias concesiones para explotar gas en Brasil debido a que “percibió que se trata del combustible del futuro, por ser la alternativa disponible en un mundo que exige cada vez más productos de baja emisión de carbono”. “Pero es necesario tener más jugadores para atraer más inversiones”, dijo.
Luiz Ildefonso Lopes, director para Brasil del fondo de inversiones Brookfield, afirmó que hay un proyecto de ley paralizado en el Congreso desde 2017 para reformar el marco regulador del gas en Brasil pese a que algunas medidas podrían ser impulsadas sin aprobación parlamentaria.
“Esperar la aprobación del Congreso ya no es la mejor opción. Hay normas que el Gobierno puede dictar y que entrarían inmediatamente en vigor”, dijo el representante de Brookfield, un fondo de inversión que en 2016 adquirió por 5,200 millones de dólares el 90% de una red de gasoductos en Río de Janeiro y Sao Paulo.
