Un interesante estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2018), titulado “Mejor Gasto para Mejores Vidas” pone de relieve varias cuestiones fundamentales alrededor del gasto público y su incidencia en aspectos como la sostenibilidad fiscal, la inversión pública, el crecimiento, las ineficiencias, entre otros. Sin embargo, una de las disyuntivas más importantes que en torno al gasto se plantean en dicho estudio, es sobre si este debe priorizar el futuro, para lo cual los gobiernos deberían concentrarse en aumentar el gasto de capital o si, por el contrario, el énfasis tendría que estar en el corto plazo, priorizándose en este caso el gasto corriente.
En efecto, las evidencias indican que en las economías desarrolladas el gasto de capital perdió 3.7 puntos porcentuales, del 1980 al 2016, con relación al gasto corriente, en tanto que en las economías en desarrollo llegó a perder 8.5 puntos porcentuales en similar período. Todo esto se da, aun cuando se ha registrado una expansión del gasto primario como porcentaje del producto interno bruto. El problema con esto es, según los investigadores, que se supone que la incidencia del gasto de capital en la ecuación del crecimiento económico es mayor que la que puede ejercer el gasto en el sostenimiento de la burocracia estatal, sobre todo si se calcula que la inversión privada casi siempre sigue a la inversión en infraestructura que realiza el gobierno.
En paralelo con lo anterior, se puede observar que, en el caso dominicano, el gasto de capital planeado perdió alrededor de 20 puntos porcentuales entre 1990 y 2016, mientras que el gasto corriente planeado aumentó en casi 10 puntos porcentuales en igual período, en un contexto en donde el gasto total planeado creció 137 veces. Esta tendencia también se aplica para el resto de América Latina y el Caribe, en donde se estima que el sesgo contra el gasto de capital es de -9.7 puntos porcentuales.
De todos los elementos que se mencionan y que inciden en esta cuestión de la composición del gasto público, se identifica la corrupción como una variable fundamental al momento de decidir si más inversión en infraestructura o más gasto en sueldos y salarios y en otros renglones vinculados a la operación del gobierno. Así, se dice que “Los países corruptos han sido más frecuentemente asociados con un bajo gasto público en educación y salud pública puesto que es más fácil cobrar suculentos sobornos en grandes proyectos de infraestructura o en sofisticados equipos de defensa que en libros de texto o en salarios docentes (Mauro, 1998, citado por BID, 2018)). Y en ese mismo tenor, se cita al International Country Risk Guide quien afirma que normalmente la corrupción castiga al gasto de capital.
Imperdible también resulta el enfoque que se realiza en este estudio sobre el hecho de que la confianza en los políticos es otra variable que determina la composición del gasto público. Por ejemplo, se afirma que la falta de confianza en los políticos puede inclinar la balanza hacia el lado del gasto de corto plazo, llamado también gasto seguro, en detrimento del gasto de capital, que se define inseguro, de largo plazo, aunque mas rentable. Esto implica que los ciudadanos, concluye el estudio, al no creer en la clase política, prefieren “más pájaro en manos (transferencias sociales) que cien volando (infraestructura)”.
