El fuerte incremento de la deuda de muchos países de bajos ingresos, con nuevos acreedores poco transparentes como China, supone una amenaza para las crecientes necesidades de financiación del desarrollo y para la estabilidad global.
Este fue el mensaje más repetido en el Foro de París, que este martes reunió a ministros y representantes de una cuarentena de países, de organizaciones internacionales, ONG y entidades financieras privadas para hablar de los retos de ese aumento del endeudamiento.
La directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, explicó que para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible los países pobres necesitarán medio billón de dólares de aquí a 2030, lo que supone de media un 15% de su producto interior bruto (PIB).
El “desafío” que representa para ellos captar todo ese dinero entraña el riesgo de una deuda que ya da signos de descontrol tanto por su volumen como por las condiciones -con mucha frecuencia opacas- que fijan los acreedores.
Se trata de contratos que, en caso de impagos, permiten al acreedor tomar el control de recursos naturales (en primer lugar el petróleo) o infraestructuras críticas como puertos y aeropuertos.
Según Lagarde, actualmente un 43% de los países de bajos ingresos tienen un nivel peligroso de deuda, frente al 21% en 2013.
Los países pobres muy endeudados que se beneficiaron en el pasado de operaciones de reestructuración del Club de París -organismo que reúne a los principales acreedores públicos- han visto aumentar su deuda pública del 45% de su PIB en 2007 al 72% en 2016.
Para el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, “hay que aportar inmediatamente soluciones para una financiación sostenible” que evite la inestabilidad financiera global, y que garantice una equidad entre los inversores, sin la cual las pérdidas para las empresas europeas está siendo de “decenas de miles de millones de euros”.
Y eso pasa -según Le Maire- por que los principales acreedores asuman y respeten las reglas internacionales en la materia, y en particular China que se ha convertido en el gran banco de muchos países en desarrollo en África, Asia o América.
Tanto el ministro francés como Lagarde se felicitaron del primer paso dado la semana pasada por el presidente chino, Xi Jinping, al comprometerse con mecanismos de transparencia y de sostenibilidad de la deuda en los proyectos de infraestructura que va a financiar en las llamadas Nuevas Rutas de la Seda.
El gran reto es que eso vaya seguido de efectos y que Pekín, además de otros países que están cobrando mayor importancia como prestamistas del desarrollo -como Turquía o Arabia Saudí-, se impliquen en el proceso de evaluación que ya tiene en marcha el FMI y el Banco Mundial (BN), y que se publicará en junio.
Porque como señaló el ministro japonés de Finanzas, Taro Aso, cuyo país ejerce este año la presidencia del G20, “los préstamos bonificados y la falta de transparencia” en los contratos “hacen más vulnerables los países de bajos ingresos”.
El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, hizo notar que con la experiencia de la crisis financiera que estalló hace ya más de una década, lo primero que hay que hacer es “avisar” sobre las amenazas que representan los abultados niveles de deuda y su perfil.
Lagarde reconoció que este ejercicio de mentalización se vería facilitado si se despejaran las tensiones comerciales que se han vuelto a avivar entre Estados Unidos y Pekín, países que no estuvieron representados en París por sus ministros.
A su parecer resulta “imperativo” que esas tensiones entre Pekín y Washington se resuelvan de forma satisfactoria para todos porque en este momento “son la amenaza para la economía mundial”.
