La actividad económica en Brasil cayó un 0.68% en el primer trimestre de 2019 frente a los tres meses precedentes, un dato que aumenta los temores sobre el enfriamiento de la economía nacional, informó este miércoles el Banco Central.
El Índice de Actividad Económica del Banco Central (IBC-Br), que sirve para prever de manera anticipada el producto interior bruto (PIB), se contrajo un 0.28% en marzo respecto a febrero.
El índice oficial de crecimiento económico de Brasil correspondiente al primer trimestre del año será divulgado el próximo 30 de mayo por el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
El mal desempeño de la economía brasileña en los primeros tres meses del año ya había quedado reflejado en algunos de los indicadores divulgados en los últimos días por el IBGE.
El sector de servicios acumuló una caída de un 1.7% en los tres primeros meses de 2019, mientras que la producción industrial se desplomó un 2.2% en el periodo.
Las ventas del comercio minorista, por su parte, tan solo crecieron un 0.3% en volumen.
El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, admitió la víspera que la economía se encuentra en el “fondo del pozo” y señaló que la proyección para el crecimiento del PIB del país este año será rebajada al 1.5%, por debajo del 2.2% previsto hace un mes.
Los especialistas también han revisado a la baja las proyecciones de crecimiento para 2019, las cuales sitúan ahora en el 1.45%, aunque esperan un alza del 2.50% el próximo año.
El mercado está pendiente de la aprobación de la reforma del sistema de pensiones, una medida que el Ejecutivo considera fundamental para sanear las debilitadas cuentas públicas del país y enderezar el rumbo de la economía.
El PIB brasileño creció un 1.1% en 2017 y otro 1.1% en 2018, después de dos años de dura recesión en los que el país acumuló una caída de cerca de siete puntos porcentuales.
El Gobierno del presidente Jair Bolsonaro ha advertido que si el Congreso brasileño no logra aprobar la reforma de las jubilaciones el país entrará en “colapso” en los próximos años.
El impopular proyecto endurece las condiciones para acceder a la jubilación y propone acabar en diez años con el actual sistema de reparto, para adoptar un régimen de capitalización individual similar al que rige en Chile desde la década de 1980.
