En septiembre del 2018, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó un informe en donde revelaba que el hambre en el mundo había aumentado a 821 millones de personas, en tanto que en la región alcanzaba uno 39.3 millones, retrocediendo casi una década en este indicador, e incrementándose de manera importante durante el período 2015-2018. Estos datos resultaron alarmantes al ser analizados frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que plantean que, al 2030, habrá Hambre Cero en el mundo, pues significa que se ha avanzado poco en esta materia.
Otros datos relevantes con relación al tema del hambre, es que “la gran mayoría de las personas hambrientas del mundo viven en países en desarrollo, en donde el 12.9% está subalimentada”. Así también, se estima que 1 de cada 4 niños en el mundo tiene retraso de crecimiento, proporción que aumenta a 1 de cada 3 niños cuando se analizan los países en desarrollo. Un dato relevante que ofrece la FAO es que 1.4 millones de personas no tienen acceso a electricidad estando la mayoría de estas ubicadas en Latinoamérica y el Caribe.
Bajo el escenario anterior, la FAO ha diseñado una nueva estrategia que busca luchar contra los fenómenos del hambre y la pobreza. Esta estrategia, denominada 100-T, parte de la identificación de cien territorios de países de América Latina y el Caribe que sufren los mayores embates en términos de vulnerabilidad frente al cambio climático, las migraciones, el comercio ilícito, el mal uso de los recursos naturales y, se puede agregar, de las grandes e interminables sequías. La base de sustentación de esta estrategia está en la existencia de lo que se ha denominado como un déficit de Estado, Ciudadanía y Mercado, tres elementos indispensables para que una determinada población pueda mejorar sus niveles de vida.
En el caso del Estado, se asume que su presencia en estos territorios es escasa, con reducida dotación de servicios públicos, ya sea por ineficiencia de los gobiernos locales, falta de recursos o por considerarse elevados los costos de transacción que permitirían más inversiones en los mencionados territorios. En cuanto al déficit de Ciudadanía, se arguye poca participación de actores claves en los procesos de identificación y solución de los problemas vinculados al hambre, además de que existe una “crisis de legitimidad de los modelos y la políticas públicas de desarrollo rural”.
En términos del déficit de Mercado, la idea es que en los territorios en donde hay necesidades básicas insatisfechas, no existen condiciones para generar una dinámica económica a partir del desarrollo de mercados internos, sobre todo a nivel de acceso a la tecnología y a otros recursos. Atendiendo a esta realidad, la FAO ha considerado a varios países para la implementación de una estrategia para la reducción del hambre, entre los que ha sido incluida, por suerte, República Dominicana, cosa que deberíamos aplaudir debido al déficit de Estado que tenemos, y no rasgarnos las vestiduras porque se afirme que aun en este siglo un porcentaje de la población dominicana continúa siendo presea del hambre.
