La Comisión Europea (CE) impuso una multa de 200.4 millones de euros a la cervecera AB InBev, la mayor del mundo, por abusar de su posición dominante en el mercado belga para limitar las importaciones más baratas de su marca Jupiler, la más consumida en el país, desde la vecina Holanda.
“Los consumidores en Bélgica han estado pagando más por su cerveza favorita por la estrategia deliberada de AB InBev para restringir las ventas transfronterizas entre Holanda y Bélgica”, señala en un comunicado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.
El abogado general de AB InBev, John Blood, afirmó tras conocer la multa que la empresa ya ha puesto en marcha las “medidas apropiadas” como parte de los remedios acordados con la Comisión para cerrar el caso y ha reforzado su programa de cumplimiento “basada en las lecciones de este caso”.
La empresa ya provisionó 230 millones de dólares (unos 205 millones de euros) en 2018 para hacer frente a la posible multa, recordó.
El Ejecutivo comunitario puso en marcha en junio de 2016 una investigación que ha revelado que la multinacional cervecera belga abusó de la posición de dominio que tiene en ese país entre febrero de 2009 y octubre de 2016 con el objetivo de mantener los precios más altos, lo que viola las normas de Competencia europeas.
Jupiler es la marca más consumida entre las que produce AB InBev, representando un 40% del total de las ventas en el mercado belga. La empresa la exporta también a otros países, entre ellos Holanda, dónde la vende a minoristas y mayoristas a precios más bajos que en Bélgica debido a la competencia con otras marcas en este país.
Según la Comisión, la empresa desarrolló durante más de siete años una estrategia para restringir la posibilidad de que supermercados y mayoristas belgas comprasen Jupiler en Holanda a precios más bajos, con “el objetivo general de mantener precios más altos en Bélgica”.
Para ello, eliminó la versión en francés de la información obligatoria en las etiquetas y cambió el diseño y tamaño de las latas, limitó los volúmenes de vendidos a un mayorista en Holanda y ofreció promociones a un minorista holandés con la condición de que este no hiciese la misma oferta a sus consumidores en Bélgica.
También rechazó vender productos a un minorista belga a menos que este aceptase limitar sus importaciones de Jupiler desde Holanda.
Este comportamiento, dice la Comisión, privó a los consumidores belgas de beneficiarse de una mayor oferta y mejores precios de compra.
AB InBev se ha beneficiado de una reducción del 15% en la cuantía final de la multa porque ha cooperado con las autoridades comunitarias más allá de lo que exige la ley, explicó la Comisión.
En concreto, la empresa se ha comprometido a que proporcionar la información obligatoria en las etiquetas siempre en francés y en holandés para los productos vendidos en Bélgica, Holanda y Francia durante los próximos cinco años. Este compromiso es legalmente vinculante.
Más allá de la sanción impuesta por Bruselas, las empresas o individuos que se consideren perjudicados por la actuación de AB InBev pueden reclamar por los daños ante los tribunales nacionales, para quienes la decisión de la Comisión constituye de por sí una prueba vinculante del comportamiento ilegal.
Estos pueden obligar a la compañía a compensar a los afectados, sin que esto reduzca la multa impuesta por Bruselas, precisó el Ejecutivo comunitario.
