Superada por ahora la crisis provocada por la amenaza arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, el Senado de México dio primera lectura al dictamen que ratifica el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con la expectativa de aprobarlo el miércoles.
En el primer día de trabajos del segundo periodo extraordinario de la actual legislatura, el pleno del Senado conoció el dictamen aprobado por las comisiones de Relaciones Exteriores, Economía, Puntos Constitucionales y Relaciones Exteriores-América del Norte.
El T-MEC tiene por objetivo sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994. La renegociación de ese convenio se inició en agosto de 2017 a instancias de Trump, que lo calificaba del peor acuerdo comercial en la historia de su país.
Tras unas negociaciones ríspidas, las partes firmaron el nuevo instrumento el 30 de noviembre de 2018, el último día de mandato del hoy expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), y para que entre en vigor debe ser ratificado por las ramas legislativas de los tres países.
De acuerdo con el dictamen de las comisiones del Senado mexicano, tras 25 años de vigencia, el TLCAN permitió a México aumentar 6.8 veces su comercio con el mundo y 5.4 veces su intercambio con América del Norte, así como posicionarse como un destacado destino para la inversión extranjera directa, recibiendo 539,868 millones de dólares en el periodo 1999-2018.
Añade que uno de los principales logros del T-MEC es “mantener el libre comercio para todos los bienes originarios de la región, por lo que las exportaciones mexicanas de este tipo seguirán gozando del acceso preferencial y continuarán exentas del pago de arancel en los mercados estadounidense y canadiense”.
Sin embargo, la renegociación del convenio trilateral estableció que para la comercialización de automóviles en los países de la región, estos deben cumplir con reglas de origen para que estén libres de arancel. Es el único tratado a nivel mundial que fija reglas de origen para vehículos.
Las reglas establecen que la producción de autos ligeros debe cumplir con un contenido regional de 75 % para comercializarse libremente, y 40 % del costo del vehículo deberá provenir de plantas que paguen salarios de 16 dólares la hora.
Además, 70 % del acero y el aluminio que se utilice debe ser de los socios de la región, y siete componentes principales del automóvil tienen que ser manufacturados en la zona.
Los vehículos y autopartes que cumplan con la nueva regla de origen seguirán gozando del acceso preferencial, mientras que aquellos vehículos que incumplen con dicha norma pagarán un arancel igual o menor a 2.5 %.
El acuerdo también establece un mecanismo de revisión y extensión con horizontes definidos de largo plazo y cuenta con una vigencia de 16 años, prorrogables por periodos similares.
El pasado 30 de mayo, el Gobierno del presidente de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018, presentó al Senado la petición de ratificación del T-MEC.
“Nos conviene (el convenio) y es magnífico para que haya más inversión extranjera y estimular la participación de las empresas”, aseguró entonces López Obrador en conferencia de prensa.
Interrogado por periodistas, el presidente mexicano rechazó entonces mezclar el tema comercial con los exabruptos habituales de Trump y su afán por construir un muro fronterizo y frenar la migración.
“Son dos temas importantes. Primero lo del tratado que es lo que ahora estamos resolviendo y espero que sea definitivo, porque nos conviene. Y el otro tema es el fenómeno migratorio, y para esto vamos a seguir insistiendo en atender las causas y buscar un acuerdo bilateral de cooperación para el desarrollo”, expresó.
Pero ese mismo día, la ratificación del T-MEC quedó en entredicho cuando el presidente estadounidense amenazó con imponer aranceles de 5 % a todas las importaciones mexicanas a partir del 10 de junio y aumentarlos gradualmente hasta 25 % si México no detenía el flujo migratorio.
Una delegación mexicana de alto nivel, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, se trasladó a Washington para negociar una salida a la crisis y el 7 de junio se anunció un acuerdo que prevé el envío de 6,000 miembros de la Guardia Nacional de México a la frontera sur, entre otras medidas para contener la migración.
A cambio, Estados Unidos retiró la amenaza de los aranceles.
El acuerdo prevé un periodo de 45 días para evaluar el resultado de las medidas, y si EE.UU. estima que son insatisfactorios, los dos países entrarían en negociaciones para adoptar medidas adicionales.
