El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, cumple este lunes seis meses en el poder con la economía al borde de otra recesión y una compleja relación con el Parlamento, de cuya aprobación dependen sus planes para intentar encarrillar al país.
El primer gobernante de ultraderecha que tiene Brasil ha roto con el llamado “presidencialismo de coalición”, modelo mediante el cual los gobiernos anteriores distribuían ministerios entre los partidos a cambio de apoyo parlamentario y eso le ha pasado factura.
El Congreso ha asumido un papel de “regulador” de la política y anulado varios decretos dictados por Bolsonaro, quien ha llegado a sugerir que los parlamentarios aspiran a convertirlo en una especie de “reina de Inglaterra”, que encarna al Estado pero no gobierna.
La opción de Bolsonaro por los decretos ejecutivos, incluso para algunos asuntos sensibles como la liberación de la venta y el porte de armas, suspendidos luego por el Senado, se explica en la falta de una base parlamentaria oficialista sólida, que el Gobierno aún no ha podido estructurar en sus primeros seis meses.
Esa construcción es difícil por la existencia de una treintena de partidos representados en el Congreso, pero se complica todavía más con la decisión de Bolsonaro de formar un gabinete “técnico” en el que priman los militares, que son mayoría entre sus 22 ministros.
Los problemas políticos que origina esa situación han repercutido en el ánimo de los sectores económicos que en el proceso electoral de 2018 se volcaron en favor del capitán de la reserva del Ejército.
Después de la grave crisis del período 2015-2016, en el que la economía brasileña perdió siete puntos porcentuales, y tras un bajo crecimiento del 1% en 2017 y 2018, el producto interno bruto (PIB) cayó un 0.2% en el primer trimestre del año y se teme que ocurra lo mismo en el segundo, lo que supondría una nueva “recesión técnica”.
El Banco Central ya ha reducido su proyección de crecimiento para 2019 al 0.8%, desde el 2% que proyectaba en enero, y el Gobierno se propone combatir ese escenario, que incluye a trece millones de desempleados, con una polémica reforma del sistema de pensiones que ha enfrentado obstáculos en el Congreso.
Esa reforma es hasta ahora la única propuesta económica concreta y aspira a promover un ahorro fiscal equivalente a 265,000 millones de dólares en diez años, lo que, según el Gobierno, acabaría con un crónico déficit público y liberaría recursos para áreas claves como educación y salud, en las que el país tiene enormes carencias.
Sin embargo, los problemas políticos le han costado al Gobierno un primer varapalo en ese proyecto, del que el Congreso ya descartó la adopción de un régimen de capitalización en sustitución del actual sistema de reparto, un cambio que para el ministro de Economía, Paulo Guedes, era clave para el futuro.
Tampoco se han concretado hasta ahora, al menos en la dimensión esperada, los planes de privatización del Ejecutivo ni una reforma tributaria que exige un empresariado atenazado por una elevada carga impositiva, equivalente a casi el 35% del PIB.
Bolsonaro también ha enfrentado discordias en su frente interno, formado por variopintas tendencias de la derecha que van desde los militares hasta las conservadoras iglesias evangelistas, que le han costado el cargo a tres ministros en su primer semestre en el poder.
Todo ese mar de fondo se ha reflejado en los sondeos de opinión, en los que la imagen del gobernante ha caído en forma continua desde su investidura, el pasado 1 de enero.
Según una reciente encuesta del instituto Ibope, la gestión del líder de la ultraderecha es aprobada por un 32% de los brasileños, pero esa tasa se repite entre quienes la consideran “pésima” y los que le asignan apenas un “regular”.
Esos datos contrastan con el 55% de votos que Bolsonaro obtuvo en las elecciones de octubre pasado, a las que llegó con las banderas de la lucha contra la corrupción, la liberalización de la economía y la ampliación del mercado externo para los productos del país.
En ese último punto, ha dado un primer paso de calado junto con Argentina, Uruguay y Paraguay, con el anuncio de que finalmente, después de veinte años, el Mercosur ha alcanzado un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE).
Según el Gobierno, en el caso brasileño, el acuerdo le dará un enorme impulso a la economía y atraerá multimillonarias inversiones, aunque eso a largo plazo y sin impactos inmediatos en la maltrecha economía del país.
