El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene su preocupación por la falta de supervisión o débil capacidad de fiscalización que tienen las autoridades sobre las cooperativas, haciendo énfasis en las que operan de manera abierta y realizan intermediación financiera. La institución multilateral ha sido reiterativa en el tema.
Las últimas cuatro declaraciones del FMI, a propósito de las consultas del Artículo IV, coinciden en un llamado a las autoridades financieras dominicanas para que le pongan atención a estas entidades. Históricamente las cooperativas han jugado un papel social y económico de aportes en República Dominicana. Son instituciones financieras mutualistas, es decir, sus socios son los dueños, lo que las convierte en entidades de bien común.
El directorio del Fondo ha llegado a advertir sobre los riesgos que implica para el país la falta de mecanismos de supervisión de las cooperativas. Aunque celebran la estabilidad del sistema financiero, el mes pasado, al término de la evaluación de este año, alentaron a las autoridades a adoptar nuevas medidas, tales como el fortalecimiento de la supervisión de las instituciones financieras no bancarias, que es donde caen las cooperativas. Al mismo tiempo, elogiaron los recientes avances en la actualización del marco jurídico para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, solicitando incrementar su eficacia.
En febrero de 2018 el llamado fue similar. Reconocieron las reformas regulatorias y de supervisión adoptadas desde la crisis bancaria. Esta vez volvieron a solicitar que se enfrenten las debilidades en la supervisión de instituciones no bancarias importantes.
“Estos esfuerzos deberán ser complementados con reformas para alinear plenamente la supervisión y el marco regulatorio a las mejores prácticas internacionales y fortalecer la gestión de riesgo bancario”, indicó el FMI en el comunicado.
Procesos
En 2017 también aplaudieron la solidez y estabilidad del sistema bancario, al tiempo de apoyar los esfuerzos en curso para fortalecer la regulación y supervisión de las entidades no bancarias.
En 2016, por igual, el Fondo advirtió que la supervisión de los intermediarios financieros no bancarios seguía siendo débil y, aunque estos no son sistémicos, consideraron necesario una supervisión de los riesgos inherentes, especialmente los relacionados con posibles actividades de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
El tema ha estado en agenda de las autoridades durante los últimos cuatro años. A principios de 2016 el Banco Central recibió una solicitud del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, para obtener la opinión de la máxima autoridad regulatoria del sistema financiero nacional sobre un proyecto de ley elaborado bajo la coordinación de la dependencia que dirige, con la participación de otros entes del sector público vinculados con la aplicación de las normas de lavado de activos y administración pública.
La solicitud se fundamentó en un anteproyecto de ley de asociaciones cooperativas que había sido aprobado por la Junta Monetaria y remitido al Ministerio de la Presidencia, el cual fue elaborado por el Banco Central con la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las recomendaciones del FMI, y considerando los planteamientos del Tesoro de Estados Unidos en foros públicos.
En el comunicado emitido el 6 de abril sobre el tema, el Banco Central resalta que la adecuada regulación de cooperativas de ahorro y crédito es parte de las exigencias para el cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y uno de los requisitos del Grupo de Acción Financiera Latinoamericano (Gafilat).
En este contexto, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, recibió a ejecutivos de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (Airac), a quienes manifestó la voluntad de la Autoridad Monetaria de establecer una normativa específica para las cooperativas con el objetivo de disminuir sus riesgos operativos y colocarlas en las condiciones que exige GAFI para la prevención de lavado de activos y de acciones relacionadas con el terrorismo.
Allí se anunció que el BID daría apoyo con la asignación de dos expertos en cooperativismo que trabajarían, junto con técnicos dominicanos, en una propuesta de regulación y supervisión especializadas de las cooperativas, tomando en cuenta su naturaleza y de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en la materia.
Respaldo técnico
“Constituiremos un grupo de trabajo, integrado por técnicos del Banco Central, la Superintendencia de Bancos y los asesores externos, y oportunamente nos reuniremos con los representantes de sector cooperativo para analizar la situación de estas entidades y determinar el proceso que seguiremos”, prometió el gobernador del BC.
El director de Airac, Virginio Rafael Gerardo, presente en el encuentro con las autoridades monetarias, expresó la disposición de esa asociación de colaborar en esta tarea.
Aseguró que a las cooperativas les interesa ser reguladas y supervisadas oficialmente pues esto aumenta su credibilidad y confianza y las coloca en mejores condiciones de competir, señalando que ya se han ido ajustando a los estándares internacionales en lo relacionado con procedencia y uso de los recursos, y requisitos de garantía que deben cumplir los usuarios de sus servicios.
¿Cuánto representan los activos de las cooperativas? En 2017 el Banco Central estimó los activos totales de estas entidades en RD$117,000 millones a 2017, es decir, que hace dos años representaban alrededor del 7% de los activos del sistema financiero nacional, casi similar a la ponderación del 10% de las asociaciones de ahorros y préstamos (AAyP), superior al 2% de los bancos de ahorro y crédito (BAyC) y al 0.23% de las corporaciones de crédito. Las afiliadas a la Airac correspondían alrededor de RD$55,000 millones, perteneciente a 16 cooperativas, y los restantes RD$62,000 millones a las no afiliadas, que se calculaban en más de 800.
El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), de su lado, estimó los activos del sector en RD$232,000 millones al cierre de 2018. En 2012, según la entidad, eran de RD$74,289.9 millones y que constituyó 346 nuevas instituciones, pasando de 670 a 1,016 en este período. La Airac, sin embargo, reportó que los activos al cierrre de 2018 eran de RD$ 63,284.7 millones.
La Junta Monetaria ha planteado regular aquellas cooperativas de ahorro y crédito abiertas que realizan intermediación financiera, o sea, que captan depósitos de terceros y prestan a afiliados y no afiliados. Este planteamiento, según comunicado del órgano regulador, implicaría que unas 30 cooperativas, incluyendo las 16 afiliadas a la Airac, sean reguladas y supervisadas por la Autoridad Monetaria y Financiera, lo que apenas representa en torno al 3% de las estimaciones de la cantidad de cooperativas que operan en el país.
Posición del Idecoop
En junio de 2018, el presidente-administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), Julio Maríñez, afirmó que el gobernador del Banco Central no está bien orientado sobre la naturaleza social de las cooperativas y que por eso yerra en su propuesta de incluirlas en la supervisión de la Junta Monetaria.
El funcionario dijo que el primer convencido de la efectividad y características especiales de cooperativismo es el presidente Danilo Medina Sánchez, quien facilita, en sus visitas sorpresa, préstamos a grupos comunitarios, si se constituyen en cooperativas, estructura que garantiza la operatividad de los proyectos y la capacidad de retornar lo financiado.
Rechazó la propuesta del Banco Central para someter a las cooperativas de ahorro y crédito a un sistema de regulación similar al de los bancos privados.
