Los países del G7 llegaron este jueves a un principio de acuerdo para que las empresas de internet paguen impuestos en los países donde tengan actividad digital, aunque carezcan de presencia física, para evitar que transfieran sus beneficios a paraísos fiscales.
El compromiso alcanzado en la reunión de ministros de Finanzas del G7 (Francia, Italia, Alemania, Japón, Reino Unido, Canadá y EE.UU.) no crea una fiscalidad específica para las compañías digitales, pero pretende responder a los desafíos que plantean en términos de igualdad ante el impuesto y de erosión de las bases de recaudación.
El dispositivo no está todavía definido y se ha encargado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que tenga lista su “arquitectura” en enero, de forma que se pueda tomar una decisión definitiva antes de finales de 2020.
Pese a todo, el ministro francés, Bruno Le Maire, que hizo de anfitrión en el encuentro de dos días en Chantilly, al norte de París, con sus homólogos no dudó en hablar de “un gran avance” para “una fiscalidad más justa y más eficaz”.
Le Maire se felicitó por que el G7 haya adoptado “un enfoque coordinado, multilateral y más constructivo”, tras las amenazas de sanción lanzadas esta misma semana por la Administración estadounidense contra París por el impuesto que Francia ha creado para los gigantes de internet, casi todos estadounidenses.
El objetivo de esa llamada tasa GAFA (por Google, Apple, Facebook y Amazon), que Francia no logró generalizar a comienzos de año para el conjunto de la Unión Europea pese al apoyo firme de otros socios como España, es precisamente poner presión para que la comunidad internacional asiente una base fiscal común.
Pese a que EE.UU. se sintió directamente aludido, como lo evidencia el procedimiento de sanción abierto a Francia, Le Maire reiteró este jueves que ese impuesto nacional “no ataca a ningún país en particular” y que se retirará en cuanto haya otro a escala internacional que lo sustituya.
Más allá de la fiscalidad digital, los ministros del G7 convinieron en que el impuesto de sociedades debe tener un tipo mínimo para garantizar que las empresas pagan su justa contribución y no se sirven de paraísos fiscales o jurisdicciones de conveniencia para la evasión fiscal.
Ahora la cuestión es trabajar en una horquilla de tipos mínimos que sea comúnmente aceptada, algo que está todavía pendiente.
Los responsables de Finanzas también enviaron un mensaje de firmeza en dirección a Facebook y a su proyecto de crear una moneda, la libra, al manifestar de forma unánime “fuertes inquietudes” al respecto.
A su juicio, libra “plantea serios problemas” tanto técnicos como políticos. En primer lugar porque la red social no ha presentado ninguna disposición para garantizar que libra cumplirá las reglas de lucha contra el blanqueo o contra la financiación del terrorismo, pero tampoco para la protección de datos personales o para salvaguardar los derechos de los ahorradores.
En un terreno más político, Le Maire dijo que “no podemos aceptar que entidades privadas pongan en marcha sus propias monedas sin las obligaciones” de transparencia de los emisores soberanos.
La voluntad de actuar rápido ante una iniciativa que entraña riesgos “sistémicos” para el sistema financiero se traducirá en las propuestas que hará el próximo otoño el grupo de trabajo creado sobre las criptomonedas y que dirige el francés Benoît Coeuré, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE).
Como es habitual en estas reuniones, los ministros de Finanzas del G7 examinaron la situación macroeconómica global y constataron que la ralentización del crecimiento está vinculada a las tensiones comerciales que generan mucha incertidumbre.
Según el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, “el primer remedio es levantar esas incertidumbres sobre el comercio mundial, y no añadir otras nuevas”.
