Las multinacionales tecnológicas Facebook, Twitter, Instagram, Uber, Netflix, Spotify y Telegram, entre otras similares, están frente a un nuevo escenario global que ha despertado el justo interés de las economías más importantes del mundo de imponerles gravámenes por las ganancias que generan en sus territorios.
El G-7, que lo integran Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, ya tiene prácticamente consensuada la ruta para el establecimiento de reglas internacionales para aplicar nuevos modelos de negocios que apunten directamente hacia estas empresas. El tema ha sido de amplia discusión y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lo tienen en agenda.
El objetivo es que estas empresas digitales paguen más impuestos de lo que realmente reportan, incluyendo en los territorios donde no tienen presencia física, pero sí generan utilidades. República Dominicana no puede quedarse al margen de todo este nuevo entorno de la economía digital.
Es un imperativo incluir en cualquier proyecto de pacto fiscal el acápite que trate sobre los mecanismos que habrán de utilizarse para gravar las transacciones comerciales de estas multinacionales en territorio dominicano.
¿Por qué? Porque los cargos que estas compañías tecnológicas hacen los aplican a ciudadanos dominicanos en sus tarjetas de crédito, lo mismo que a empresas de capital local. En ambos casos no tienen como deducir estos gastos por las vías idóneas. En cierto modo los consumidores lo que hacen es subsidiar el impuesto que estas empresas deberían pagar a los Estados. Quizá por esta falta de equidad es que estas multinacionales aumentan tanto su valor de mercado y sólo reportan ganancias trimestre tras trimestre.
Las erogaciones más significativas que hacen sólo son a través de multas por malas prácticas comerciales de las que son responsabilizadas en algunos mercados, incluyendo Estados Unidos, Europa y más recientemente en Colombia, donde Uber debió pagar US$620,500 de multa por obstruir una visita de la autoridad a su sede en Bogotá.
El Estado dominicano necesita más recursos para ofrecer lo que cada ciudadano merece. Sin embargo, la presión tributaria está prácticamente estancada en un 14% y la posibilidad de una reforma no se visualiza en el horizonte cercano. Lo mandatorio es que se aproveche el tiempo a fin de que cuando llegue el momento indicado, sin que sea necesario improvisar o festinar una decisión, el Congreso se aboque a discutir un puesto razonable sobre las ganancias de estas empresas.
Existen los medios digitales para aplicar cualquier gravamen. Sólo hace falta un ingrediente fundamental para hacerlo: voluntad política.
