El registro de garantías en República Dominicana requiere de una serie de diligencias poco eficientes y eficaces para salvaguardar los intereses de los acreedores, además de que resulta sumamente costoso para el deudor (quien paga dichas actuaciones).
En muchos casos, los registros de garantías se encuentran dispersos, requieren de depósitos de documentos en físico, y no cuentan con mecanismos para facilitar la búsqueda de garantías ya inscritas.
Aunque el registro de garantías pudiera parecer un tema de limitada relevancia, la realidad es que impacta de manera directa el costo del crédito y lo encarece para los deudores, a la vez que hace la ejecución de las garantías poco fiable para los acreedores.
En economías desarrolladas, contar con un sistema de registro de garantías eficiente ha sido un elemento primordial para el desarrollo de su sistema financiero y la economía en general.
En entregas anteriores, hemos comentado sobre las bondades del Anteproyecto de Ley de Garantía Mobiliarias, el cual pudiera ser parte de la solución que se requiere para el tema planteado en este artículo. Dicho anteproyecto tiene el propósito fundamental de establecer un sistema de registro de garantías mobiliarias (es decir, todas aquellas que no son inmobiliarias) centralizado y simplificado.
Por ejemplo, en EE.UU. se cuenta con el denominado “UCC”, mediante el cual, a través de un sistema disponible en línea, los acreedores pueden depositar una inscripción de las garantías y también consultar si existiesen garantías inscritas respecto al deudor de que se trate.
Es importante resaltar que un sistema moderno no solo debe contar con mecanismos expeditos para la inscripción de las garantías, sino también para consultar aquellas que ya han sido inscritas, para asegurar los intereses de los acreedores.
En nuestro país se hace necesaria una profunda reflexión y reforma que empiece por el Anteproyecto de Ley de Garantías Mobiliarias, pero también que abarque el sistema de registro de garantías inmobiliarias. Al igual que se puede obtener un informe crediticio sobre las personas, el país pudiera y debería contar con un sistema centralizado respecto a las garantías inscritas sobre los bienes de una sociedad comercial.
Otro beneficio de una revisión profunda de este sistema es que facilitaría la ejecución de las garantías en caso de incumplimiento. También sería una protección ante la posibilidad de una ejecución errónea de garantías.
La realidad es que un sistema fuerte y transparente beneficia a todos, pues aumenta y abarata el acceso al crédito, dinamizando la economía, a la vez que ofrece mayores protecciones legales.
