La extinción de domino es un concepto que ha sido empleado en algunos países y que nace por la necesidad de decomisar bienes adquiridos fruto de acciones fuera del marco de la ley, pero que el Estado no tiene la forma de probarlo, pero sí una legítima sospecha.
Esto se observa con cierta frecuencia en casos de narcotráfico, en los cuales una persona es condenada en otro país (por ejemplo, en Estados Unidos), pero como no ha sido condenado en República Dominicana, sus bienes en el país no pueden ser objeto de decomiso.
Evidentemente es de alta preocupación y resulta injusto que personas que han sido condenadas en otros países por crímenes cuyo origen es en nuestro país, puedan gozar del uso de sus bienes sencillamente porque su condena se produjo en otro país.
De hecho, esto ha sido algo que ha sido ampliamente comentado en el país, ante las situaciones de incomodidad que genera, por lo que se ha buscado generar una solución legislativa respecto a la disyuntiva.
En nuestro país, ha circulado un anteproyecto de ley que define el concepto de extinción de dominio como la “pérdida del dominio o propiedad de un bien como consecuencia de su ilicitud que procede cuando se establezca la existencia u ocurrencia de un hecho ilícito o cuando el afectado (…) estaba impedido para conocer su utilización u origen ilícito”. Un aspecto interesante es que a quien se le pretende decomisar los bienes quien debe probar que no tienen procedencia ilícita, algo que representaría un cambio fundamental al sistema legal en el país.
Los proponentes del anteproyecto resaltan los casos en que claramente una persona ha acumulado una gran fortuna de evidente procedencia ilícita, pero el Estado no cuenta con las herramientas legales para probarlo o respecto de los cuales no se ha producido una condena en nuestro país, por lo que no hay forma de decomisar los bienes.
Sin embargo, a nuestro criterio, a pesar de que se pudiera argüir que existe una legítima necesidad de establecer un marco jurídico para normar estas situaciones, no es menos cierto que la extinción del dominio público es una herramienta que pudiera ser objeto de abusos.
En Estados Unidos, el concepto ha sido objeto de amplios cuestionamientos, y hasta de casos jurídicos que se han recurrido ante la Suprema Corte de dicho país.
Este tipo de herramienta puede ser objeto de abuso por cuestiones políticas, por lo que antes de implementarla en nuestro país, debemos primero contar con una justicia independiente y fuerte que pueda ser capaz de actuar como garante en estas situaciones.
