Los parques de zonas francas del sector público están abandonados. Es una verdad que duele, pero es la verdad y, como tal, debe ser expuesta. Las autoridades que deberían velar por este importante sector de la economía, aunque toque las hipersensibilidades, sólo se preocupan por pregonar los ejemplos de eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad que hay en los complejos privados.
Es oportuno reconocer que sin los parques privados de zonas francas nuestro país no pudiera mostrar grandes logros en este sector. De hecho, la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras) mostró su preocupación por la situación de abandono en que se encuentran estas instalaciones del sector público, especialmente en la región del Cibao, al tiempo de demandar una urgente intervención de los organismos que tienen que velar por su fomento en todo el país.
Sólo hay que hacer una visita por los parques de zonas francas de Azua, San Francisco de Macorís, Bonao, Cotuí, Los Alcarrizos y Monte Plata, entre otros, para percatarse de esta cruda realidad.
Y aunque duela decirlo, en muchos casos parecen chiqueros o son almacenes de empresas que compran chatarras o realizan cualquier actividad ajena a lo que dio origen a estas instalaciones.
¿Qué ha sucedido con el Distrito Industrial de Santo Domingo Oeste (Disdo) luego de casi 20 años de haberse iniciado? Nada. En este caso, que sería para las Pymes, es poco lo que se puede mostrar luego de inversiones millonarias.
Impulsar la producción en zonas francas no debería ser sólo tarea del sector privado, que históricamente lo ha hecho muy bien, sino que el Estado debe asumir su papel ante aquellos empresarios que tienen el interés de aportar a la economía dominicana a través de las divisas y los empleos que puedan generar. Se puede si se quiere.
A lo que más que puedo aspirar, dentro del derecho que me da ser un ciudadano dominicano que goza de todos sus derechos civiles, es a que las autoridades atiendan su cartón y le pongan atención a los parques de zonas francas del sector público.
