Más allá de la bullanguería que representa el tema político y sus efectos en una sociedad atomizada, existe una manera de vivir de millones de seres humanos que han apostado a la economía solidaria como estilo de vida.
Conceptualmente, se afirma que la economía solidaria es una forma de producción, consumo y distribución de riqueza centrada en la valorización del ser humano y no en la priorización del capital.
Más aun, Paul Singer, uno de los principales estudiosos de esta cuestión, refiere que la economía de la solidaridad puede convertirse en una estrategia válida para la lucha contra las desigualdades sociales y la pobreza.
De su lado, Andre Ricardo de Suoza relaciona este concepto con autogestión, democracia económica, capacidad de emprender y movilización de trabajadores que buscan mejorar su calidad de vida.
Pero si bien la economía solidaria genera ese contenido de igualdad en las relaciones de producción, cuando se estudia y analiza por dentro, en su accionar como grupo cooperativo, en sus expectativas como posibilidad de desarrollo económico y social, se denota un interés marcado por el bien hacer, por la gestión transparente, el uso adecuado de los recursos y el apoyo solidario. Otro elemento distintivo de la economía de la solidaridad son los números que están acumulando, sobre todo a nivel rural y que, en cierta forma, inquietan a más de una autoridad.
En efecto, en República Dominicana, y según una publicación de Argentarium (2019), el mercado cooperativo dominicano lo integran más de mil cooperativas, las cuales tienen activos por más de RD$250,000 millones, lo que representa alrededor de un 12% de todos los activos del sistema financiero, además de que cuenta actualmente con cerca de dos millones de socios.
Estos datos llevan a estimar que las cooperativas “superan en activos a las asociaciones de ahorros y préstamos, a las corporaciones de crédito, a los bancos de ahorro y crédito y a las entidades públicas de crédito, excluyendo al Banco de Reservas”.
Como se dijo anteriormente, la expansión y crecimiento de las cooperativas, básicamente aquellas de ahorro y crédito que hacen intermediación financiera, ha venido preocupando a la autoridad monetaria, bajo el argumento de que ya constituyen una parte importante del pastel de la economía, por lo cual es necesario regularlas y, de paso, asegurar que funcionen adecuadamente, no hagan daño al sistema y paguen los tributos que las leyes establecen.
A este respecto, no se niega que haya la necesidad de establecer controles alrededor de las operaciones de las cooperativas, y que su accionar sea velado a los fines de que operen organizadamente y bajo un régimen de regulación y supervisión.
Pero lo que no debe ocurrir es que se vea a las entidades cooperativas como bancos, ni que se obvie su naturaleza solidaria, su rol como impulsor del desarrollo local y su importancia como generador de empleo y riqueza para familias y comunidades que, de otra manera, no sobrevivirían en el capitalismo salvaje que se vive hoy en día.
