En su objetivo de impulsar estrategias que potencien la inversión privada para dinamizar la vida económica del país, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd) recibió el aval Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) para la gestión 2019-2021.
“El Gran Santo Domingo tiene un potencial enorme no explotado”, afirmó el presidente del Codessd, Jonathan Cabrera, que aseguró que su desarrollo integral es responsabilidad de todos y que son ellos, como institución, quienes están dando los primeros pasos para que los munícipes comprendan que “su localidad puede ser diferente”, informó la entidad en un comunicado.
Además de tratar los temas pendientes sobre estrategias de desarrollo del Gran Santo Domingo, en un encuentro entre los directivos del Codessd y del Conep, también se analizó la actualización del marco jurídico para mantener e incrementar la inversión extranjera directa, el apoyo al proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y las gestiones para unificar criterios en permisología en las alcaldías.
El vicepresidente Ejecutivo, César Dargam, manifestó su interés en colaborar directamente con las iniciativas del Codessd, como parte de los trabajos que viene realizando desde el Consejo Nacional de Competitividad y “sus diferentes proyectos innovadores”.
Dijo que desde el Conep se siguen ejecutando políticas públicas progresistas tendentes a fortalecer las instituciones, a crear valor agregado y ayudar al crecimiento sostenible del país.
La nueva directiva del Codessd está compuesta por jóvenes que buscan “contribuir a elevar la calidad de vida de los ciudadanos y la disminución de la desigualdad socioeconómica de Santo Domingo” por medio de formulación de políticas públicas y atracción de la inversión con alianzas público-privadas.
La propuesta de la “Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamiento Humano”, aprobada por la Cámara de Diputados en octubre del 2018, regularía la división político administrativa de la nación para el Gobierno y la administración del Estado.
La pieza tiene por objeto establecer el marco regulatorio para el ordenamiento territorial y el uso del suelo a partir de la adaptación al cambio climático, los desequilibrios y desigualdades territoriales, la sostenibilidad ambiental, la gestión integral de riesgos, la competitividad económica y la calidad de vida de la población.
El proyecto prohíbe, además, la instalación de asentamientos humanos en lugares vulnerables o de alto riesgo, zonas de alta productividad agrícola, así como en varios tipos de suelos y todas aquellas áreas prohibidas por las leyes.
