La negociación salarial colectiva desaparece progresivamente en los países de la OCDE, que destacó su importancia para el buen funcionamiento del mercado laboral, sugiriendo la intervención de los Gobiernos para maximizar el rédito que ofrece este instrumento.
En un informe presentado en Berlín, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico arguye que existe una clara correlación entre determinados sistemas de negociación colectiva y unas condiciones laborales beneficiosas tanto para los trabajadores como para la patronal.
Ciertos modelos de negociación colectiva, como los que presentan coordinación salarial, son según la OCDE particularmente efectivos para lograr mayores tasas de empleo y más integración de grupos vulnerables, en comparación con sistemas totalmente descentralizados.
Además, los trabajadores cubiertos por convenio y con vías de diálogo directo con los empleadores gozan de una mayor calidad de trabajo en lo que se refiere a seguridad, formación, horarios y menor discriminación.
El bienestar en el entorno laboral también revierte en la patronal, puesto que estas condiciones reducen el absentismo y favorecen el rendimiento.
Los mejores resultados para ambas partes se obtienen por tanto con sistemas de centralización media y elevada coordinación, que permiten encontrar un equilibrio entre flexibilidad e inclusividad.
Por ello, la OCDE insta a las autoridades y a los agentes sociales a fomentar acuerdos sectoriales que proporcionen un marco de condiciones amplio, permitiendo que las condiciones concretas sean negociadas a nivel de empresa.
“El principal reto de los interlocutores sociales y de los Gobiernos es ajustar los sistemas de negociación colectiva para lograr mejores resultados en términos de empleo, calidad del trabajo e inclusividad,” asevera la organización.
Sin embargo, en los 36 estados que conforman la OCDE, la tasa media de sindicación se ha reducido de un 33% en 1975 a tan sólo un 16% en 2018.
Al mismo tiempo, el porcentaje de trabajadores con convenios colectivos disminuyó de un 45% en 1985 a un 32% en 2017, con caídas particularmente drásticas en el centro y este de Europa.
La reducción de la capacidad de negociación sindical debido a la competencia global y la contracción del sector secundario son algunos de los factores causantes de este fenómeno, aunque no alcanzan a explicarlo en su totalidad.
A estos retos ya presentes en las últimas décadas hay que sumar nuevos desafíos, como el auge de las relaciones laborales desreguladas, que incluyen a los trabajadores temporales y a tiempo parcial y a los autónomos que sólo prestan servicios a una empresa.
Esta última modalidad es una tendencia al alza, en particular cuando la intermediaria es una plataforma tecnológica del tipo Uber o Deliveroo.
Por hacer frente a este fenómeno, la OCDE insta a las autoridades a garantizar la clasificación correcta de los trabajadores en la categoría que les corresponde.
Además, propone adaptar las regulaciones para hacer extensivo el derecho a la negociación colectiva a quienes están en una “zona gris” entre las definiciones habituales y comparten vulnerabilidades con los trabajadores asalariados, algo que ahora mismo impiden las legislaciones anti-cártel.
La OCDE señala que en muchos países, España entre ellos, han surgido espontáneamente plataformas independientes que representan a autónomos en estas situaciones y que están negociando de facto condiciones de trabajo.
Sin embargo, dado que carecen de la potestad legal de negociar, existe el riesgo de que los logros alcanzados sean revertidos por vía judicial; por ello estas organizaciones no pueden sustituir a los sindicatos, aunque sí complementarlos.
En este contexto, el informe cita al Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa: “Donde los proveedores de trabajo no tienen una influencia sustancial en el contenido de las condiciones contractuales, se les debe dar la posibilidad de afectar el desequilibrio de poder a través de la negociación colectiva”
El informe también hace referencia a las reformas de la negociación colectiva introducidas en España y otros países del sur europeo como Portugal o Grecia a consecuencia de la crisis, con el objetivo de flexibilizar el sistema y permitir un ajuste de los salarios.
En este contexto, la OCDE señala que será necesaria una “evaluación cuidadosa” de medidas como la introducción de cláusulas de apertura en los contratos, ya que combinadas con la escasa representación sindical en estos países pueden empujar a las empresas hacia métodos de negociación informales.
No obstante, el impacto de la reforma en España por el momento ha sido limitado y la mayor parte de las empresas no han hecho uso de las regulaciones que abolieron el “principio de favorabilidad” entre convenios sectoriales y de empresa y facilitaron el descuelgue salarial.
