La última etapa de convulsión social y política por la que atraviesa Haití, desde julio del año pasado –cuando las manifestaciones violentas forzaron la dimisión del primer ministro Jack Guy Lafontant– hasta las actuales protestas en reclamo de la salida del presidente Jovenel Moïse, lleva un saldo de más de cien muertes violentas, así como decenas de heridos y detenidos, según organizaciones de Derechos Humanos del país vecino.
Al mismo tiempo, mantiene bajo alerta a República Dominicana, ante el peligro de un eventual incremento de la inmigración de indocumentados haitianos, una posible vulneración de su seguridad fronteriza y unas pérdidas millonarias, las cuales ya se reflejan en el intercambio comercial histórico que mantiene con la empobrecida nación con la que comparte la isla Santo Domingo.
Las dificultades en el comercio se remontan al 1 de octubre de 2015, cuando el Gobierno haitiano impuso restricciones a la importación de una serie de productos dominicanos, las cuales se mantienen en la formalidad aunque se vulneran en la práctica.
Entre enero y octubre las exportaciones formales de República Dominicana hacia Haití cayeron en un 7.1%, una diferencia de US$52.9 millones entre los US$747.4 millones del mismo período de 2018 y los US$694.5 millones de este año, según la Dirección General de Aduanas (DGA).
Haití carga con mayores desventajas. Sus exportaciones hacia República Dominicana cayeron en un 68.5% (US$12.5 millones), al disminuir de US$18.3 millones entre enero y octubre de 2018, a US$5.8 millones en el mismo período de este año. Dentro de este renglón, los productos de origen haitiano bajaron de US$12.2 millones a US$2.5 millones (un 79.8%).
Pese a los conflictos violentos en las calles de Puerto Príncipe y otras ciudades, así como a las restricciones oficiales, los productos dominicanos, sobre todo del sector agropecuario, siguen llegando a una población haitiana que los demanda para su supervivencia en el país con la economía peor diagnosticada del continente americano.
Las últimas proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estiman que el producto interno bruto (PIB) de Haití solo crecerá en un 0.5% este año y un 0.6% para el próximo, mientras que para República Dominicana pronostica un 5.0% y un 4.7%, respectivamente.
Haití exportó US$1,117 millones en 2018. Para este año proyecta que el monto suba a US$1,190 millones. Sin embargo, sus importaciones fueron de US$3,888 millones el año pasado, con una proyección de US$4,233 millones para este 2019, según la Cepal.
Recuerda que Haití mantiene el beneficio de las preferencias arancelarias que otorga Estados Unidos a productos textiles, los cuales representaron el 93% de sus exportaciones totales hacia esa nación.
Plantea que en 2018 Haití tuvo un crecimiento de 1.5%, el cual se sustentó sobre todo, en un modesto desempeño positivo del sector agrícola, así como de la manufactura y la construcción y, en menor medida, del comercio.
Sobre el comercio, resalta la merma de los ingresos arancelarios del Gobierno haitiano y el aumento del contrabando, en particular de las mercancías que atraviesan su frontera terrestre con República Dominicana, cuyo valor estima en cerca de un 3% del PIB.
“Oficialmente se mantiene la prohibición de entrada de productos dominicanos. Pero el Estado haitiano no tiene los medios para su estricta aplicación”, sostiene Edwin Paraison, ex cónsul general de Haití en República Dominicana. “El impacto más evidente (de la veda) ha sido el incremento del contrabando en vez de las recaudaciones, lo cual a su vez ha traído más violencia en la zona fronteriza”, sostiene.
Paraison atribuye a la prohibición, la muerte de agentes aduanales y policías haitianos ocurridas en Malpasse en noviembre del año pasado.
La prensa reportó la muerte de seis personas, incluyendo a cuatro empleados aduanales, el 24 de noviembre de 2018. Los disturbios, que se originaron tras una disputa entre un camionero y un agente aduanal que desató una balacera, obligaron a funcionarios del vecino país a buscar refugio momentáneo en Jimaní.
“En el fondo, la veda es una medida que afecta intereses en ambos lados de la frontera interna de la isla Santo Domingo, en donde hay una competencia cerrada para el control en distribución de determinados productos”, lamenta Paraison.
Economías siamesas
Para el economista Iván Ogando Lara, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en República Dominicana, el comercio binacional en la isla Santo Domingo siempre se impondrá pese a los conflictos políticos y sociales o a las restricciones oficiales.
“Como economías siamesas que somos, hay una significativa parte de la producción agrícola dominicana que no tiene salida en ningún otro mercado que no sea Haití. Hay una gran dependencia del mercado haitiano por parte de productores agrícolas dominicanos pequeños y medianos, así como también de nuestra agroindustria”.
Sostiene que en República Dominicana se producen algunos bienes que, por falta de competitividad, no se venden en ningún otro mercado. “Haití es el único mercado en donde esos productos pueden ser vendidos. Son productos, muchas veces de baja calidad, porque es un mercado poco exigente”.
“Haití, de su parte, depende de República Dominicana, porque una gran masa de su población requiere de nuestro mercado para obtener productos de bajos costos, asequibles, para poder satisfacer necesidades de la población: huevos, pollos, productos que si les llegan de otros mercados podrían ser incluso más caros”.
Los haitianos también requieren de fuentes de empleos. Esto explica, según el empresario Fernando Capellán, que las operaciones de la zona franca binacional Codevi se mantengan de manera normal, aunque Juana Méndez no se escapa a las movilizaciones sociales.
“No hemos perdido ni un minuto de trabajo, aunque haya algunos problemas en el pueblo. La gente va a trabajar porque entiende que Codevi no se debe ver afectado, porque si no se afectan ellos mismos”, explica el presidente de la empresa que emplea en la frontera a 14,000 haitianos y dominicanos.
El comercio entre los dos países que comparten la isla envolvió unos US$892.8 millones en 2018, por debajo de los US$1,080.8 millones reportados por la DGA para 2015.
Desde julio de 2018 la situación se agravó con un fuerte estallido social, tras el anuncio de Lafontant que habría aumentos de un 49% al precio de la gasolina, un 40% al gasoil y un 50% en el queroseno, como parte de un programa de ajustes acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el déficit presupuestario del Gobierno haitiano.
Los ánimos de la población ya estaban caldeados y también se movilizaba en reclamo de una investigación sobre el supuesto mal manejo de US$3,800 millones de Petrocaribe, el programa a través del cual Venezuela vendía combustibles en condiciones preferenciales.
Las movilizaciones sociales violentas impactan la productividad de Haití en todas sus vertientes. Su población demanda más productos agrícolas dominicanos y el mercado informal se hace mucho más dinámico.
“Haití quiere más ingresos fiscales de productos de República Dominicana, pero no tiene la infraestructura, ni física, ni humana, para poder regular esto; ni la voluntad política”, apunta Ogando Lara.
Sostiene que muchas prohibiciones se originan en conflictos internos entre sectores empresariales haitianos que, bajo el argumento de controles fitosanitarios, gestionan vedas para poder importar desde otros países.
“Al final la veda se cae, porque es insostenible para Haití comprar bienes de primera necesidad en EE.UU., México o Centroamérica, porque eso encarece el costo para bienes de consumo que son básicos”, dice.
