Los sistemas de pensiones de los países de la OCDE no están adaptados a las nuevas tendencias del mercado, según denunció la organización este miércoles en un informe en el que alerta de las desigualdades entre los asalariados y los autónomos, trabajadores a tiempo parcial o trabajos temporales.
En su informe bienal sobre pensiones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico destaca los cambios que se están produciendo en la sociedad y el mercado laboral, impulsados principalmente por las tendencias digitales, pero también por la globalización y los cambios demográficos y climáticos.
Una situación que está creando oportunidades crecientes, especialmente en internet con trabajos fáciles de ofrecer y encontrar, pero también grandes desafíos, sobre todo por las condiciones inestables de trabajo.
Estos puestos, a los que el organismo se refiere como “empleos atípicos”, incluyen principalmente a trabajadores independientes, autónomos, empleados a tiempo parcial o en contrato temporal y suponen uno de cada tres trabajos en el conjunto de los países de la OCDE.
Este conjunto destaca además por su heterogeneidad tanto en las condiciones como en las reglas de protección social y laboral, pero también en las retribuciones, con unas pronunciadas brechas salariales.
Ante esta realidad, que avanza rápidamente, la OCDE constata que los regímenes de pensiones no fueron concebidos para cubrir estas formas de empleo y que, al contrario de lo que podría parecer, no se trata de empleos que se realicen durante un corto período de tiempo, sino que los trabajadores permanecen en ese estatus mucho tiempo con sueldos bajos.
“Aunque el debate sobre las pensiones de estos trabajadores no es nuevo, el asunto adquiere una creciente importancia. La globalización, el automatismo y los cambios demográficos nos llevan a una expansión potencial de los empleos atípicos”, explica el informe.
Los países, añade, deben prepararse a la posibilidad de que cada vez haya más trabajadores atípicos, porque “los mercados de trabajo cambian rápido mientras que las respuestas políticas, especialmente en materia de pensiones, son procesos difíciles en los que puede pasar mucho tiempo antes de que se vean los efectos”.
Al contrario que ocurre con los trabajos tradicionales, resulta difícil tasar sobre este tipo de empleos, pero la organización insta a los países a dar una mejor cobertura para reducir las desigualdades, lo que limitaría los incentivos financieros de empresarios y trabajadores para hacer un mal uso de contratos no tradicionales.
De nuevo, otra de las principales preocupaciones del organismo internacional es la cuestión demográfica, marcada por un envejecimiento veloz de la población: si en 1980, solo 2 de cada 10 personas eran mayores de 65, ese número ha pasado a algo más de 3 y se calcula que en 2060 sean 6 de cada 10.
La OCDE, que en su informe analiza las medidas tomadas por los países entre septiembre de 2017 y septiembre de 2019, constata que numerosos países han dado marcha atrás a reformas de pensiones que se aplicaron tras la crisis financiera, aumentando los beneficios y la cobertura y facilitando los requisitos de obtención.
Esto ha pasado en países como Hungría, Islandia y Lituania, donde han cambiado los niveles de contribución; las pensiones mínimas han aumentado en Austria, Francia, Italia, México, Eslovenia o Alemania, donde se han incrementado los ingresos de los trabajadores con salarios bajos, mientras destaca que España ha suspendido su reforma.
El llamado club de los países ricos dice comprender la voluntad de los gobiernos de adoptar medidas populares en un contexto de crisis, pero recuerda que si la presión financiera sobre el sistema de pensiones se exacerbó en la crisis fue también por la debilidad estructural que escondían muchos regímenes.
Dar marcha atrás, cree la OCDE, podría ser negativo a largo plazo, con un sistema menos resiliente a los impactos económicos y el acelerado envejecimiento de la población.
