La importancia de Punta Catalina para el futuro inmediato de la estabilidad sistema eléctrico dominicano no está en discusión. Tampoco hay dudas de lo fundamental que será para lograr un balance positivo o menos perjudicial para las finanzas públicas una vez entre en operación a plena capacidad.
Pero, y aquí entra el famoso “pero”, hay una verdad irrefutable: este ha sido, sin quizá, uno de los proyectos estatales más controversiales en la historia reciente de República Dominicana.
Los cuestionamientos no han sido a la pertinencia o no del proyecto, sino más bien al proceso de construcción, comenzando por la etapa previa de recepción de ofertas, análisis de propuestas y otorgamiento de la licitación, además de los problemas que debió enfrentar desde que explotó el caso de Odebrecht.
Su costo de construcción ha sido muchísimo más alto que el previsto por las autoridades y esto, y se puede asegurar, debe ser lo más difícil de enfrentar desde el punto de vista emocional para los promotores de Punta Catalina.
Lógicamente que hay algunas nubes grises que empañan lo positivo que habrá de ser este proyecto energético para el país, lo cual también debe servir como punto de referencia para quienes gestionen la cosa pública.
Las actuales autoridades y las que vendrán a partir de agosto de 2020, sea lo que sea, también han de estar consciente sobre una realidad innegable: ya la sociedad está más atenta al proceder de sus líderes.
Ante este panorama hay que hacerse una pregunta lógica: ¿Cuál será el futuro financiero de Punta Catalina, tomando en cuenta que terminará constante más de US$3,200 millones y que la fórmula para vender el 50% de sus acciones, cuando se haga, también tiene algunos puntos que no se dejan ver claros?
