La Unión Europea (UE) hizo patente este jueves sus recelos frente a las criptomonedas estables, como la iniciativa Libra de Facebook, y aseguró que ninguna de ellas podrá operar en el club comunitario mientras no se hayan determinado y abordado sus posibles riesgos.
“Ninguna modalidad de criptomoneda estable mundial debe empezar a operar en la UE hasta que se hayan determinado y abordado adecuadamente los retos y riesgos jurídicos, reglamentarios y de supervisión”, señalaron en una declaración conjunta la Comisión Europea (CE) y el Consejo de la UE, que reúne a los países.
Las conocidas como criptomonedas estables son activos digitales que aspiran a mantener un precio sin gran volatilidad, por ejemplo, anclándolo al del dólar estadounidense. Entre las principales iniciativas de este tipo se encuentra Libra, promovida por la red social Facebook y que ha generado gran preocupación en la UE.
En la declaración acordada este jueves durante la reunión de ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho, la Comisión y los países subrayan que las criptomonedas estables “no deben debilitar el orden financiero y monetario existente ni socavar la soberanía monetaria en la Unión Europea”.
Recalcan que esas iniciativas “entrañan múltiples desafíos y riesgos” en ámbitos como la protección del consumidor, la privacidad, la fiscalidad, la ciberseguridad, el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
“Cuando una iniciativa de criptomoneda estable tiene potencial para alcanzar una escala mundial es probable que estos problemas se amplifiquen, y pueden surgir nuevos riesgos potenciales para la soberanía monetaria, la política monetaria, la seguridad y eficiencia de los sistemas de pago, la estabilidad financiera y la competencia leal”, avisan.
Asimismo, se muestran dispuestos a afrontar los retos que generan esas divisas digitales “partiendo de una interpretación común y un enfoque coordinado de la UE”, pero añaden que se necesita una respuesta “global coordinada”.
Sin mencionar a Libra u otra criptomoneda, afirman que algunos proyectos recientes de dimensión mundial “no han proporcionado información suficiente en cuanto al modo concreto en que pretenden gestionar los riesgos y desarrollar sus actividades”.
“Esta falta de información adecuada hace que sea muy difícil extraer conclusiones definitivas sobre si se aplica y cómo se aplica el marco reglamentario de la UE en vigor”, aseguran.
Igualmente, avisan de que están dispuestos a adoptar “todas las medidas necesarias para garantizar unas normas adecuadas para la protección del consumidor y unas condiciones monetarias y financieras ordenadas”.
“Todas las opciones deben estar sobre la mesa, incluidas las medidas destinadas a evitar la generación de riesgos incontrolables por parte de determinadas criptomonedas estables mundiales”, dicen.
Por otro lado, los ministros adoptaron unas conclusiones sobre la lucha contra el blanqueo de capitales en las que piden a la Comisión examinar “las posibilidades, ventajas e inconvenientes” de otorgar determinadas responsabilidades y competencias en materia de supervisión a un órgano de la UE.
La ministra española de Economía en funciones, Nadia Calviño, mostró su apoyo a la puesta en marcha de una autoridad europea contra el blanqueo de dinero durante una rueda de prensa y declaró que ningún país puede actuar de forma aislada “para tratar de combatir este tipo de fraudes que tienen una naturaleza transfronteriza”.
Además, los países solicitaron al Ejecutivo comunitario estudiar maneras de asegurar una cooperación “más firme y eficaz” entre las autoridades y los órganos competentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en particular, “abordando los impedimentos al intercambio de información entre ellos”.
Los ministros también pidieron que se actualice la directiva comunitaria de 2003 sobre los impuestos de la energía para que considere los cambios tecnológicos y contribuya a combatir la crisis climática.
Los titulares económicos apostaron por seguir profundizando en la Unión de Mercados de Capital, una iniciativa que pretende integrar en mayor medida los mercados de capitales de los Estados miembros de la UE.
En concreto, los países se marcaron como objetivos hoy mejorar el acceso a la financiación para las empresas de la Unión, en particular, las pymes; suprimir los obstáculos estructurales y jurídicos para aumentar los flujos de capital transfronterizos o proporcionar incentivos y eliminar los obstáculos para que los ahorradores minoristas puedan invertir.
