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Desde 2001 los distintos gobiernos que han administrado el Estado dominicano han gastado más de lo que se ha ingresado en las arcas gubernamentales, solo con excepción del 2007. Año tras año, el mayor gasto público comparado con los ingresos ha implicado que se generen déficits fiscales que han sido financiados por cada vez mayor deuda.
Aunque muchos argumentan que el problema es de ingresos fiscales, la realidad es que las políticas clientelares combinadas con populismo económico han promovido el creciente gasto público. Mientras los ingresos fiscales han crecido en línea con el crecimiento de la economía, el gasto público crece en una mayor proporción. El gasto público ha crecido casi dos veces y media lo que ha crecido la economía, en términos reales, durante los últimos 28 años. Esto evidencia que el problema es del gasto público y no de los ingresos del gobierno.
En el presupuesto plurianual que publicó el Ministerio de Hacienda en el 2012 se estipulaba que se alcanzaría un equilibrio presupuestario para el 2016. De esta forma se buscaba revertir la tendencia de asumir cada vez mayor deuda pública y sanear las finanzas públicas.
Sin embargo, los presupuestos siguen ejecutándose con gasto público deficitario, la deuda sigue creciendo y los pagos de intereses crecen a un ritmo mayor que el gasto público total. En adición, ya es una práctica común que los distintos gobiernos presenten presupuestos complementarios para acomodar mayor gasto público, en ocasiones combinado con menores ingresos. Por encima de ello, los gobiernos han ejecutado un mayor gasto público que lo que se apropia desde el Congreso Nacional, sin haber rendición de cuentas ni un régimen de consecuencias que limite esa práctica.
Otro elemento fundamental es que no existe transparencia en la ejecución presupuestaria y la discrecionalidad se superpone a las reglas contables ampliamente aceptadas. Por ejemplo, las plantas a carbón de Punta Catalina nunca fueron incluidas en presupuesto del Estado alguno y, de todas formas, se utilizaron recursos del público para construirlas.
Durante los últimos años, los recursos presupuestados para subsidios o transferencias corrientes a las Empresas de Distribución de Electricidad (EDEs) se desviaron para la construcción de esas plantas, al tiempo que se buscaba financiamiento para cubrir las deficiencias de las EDEs.
Política fiscal inadecuada y riesgos futuros
Con la reciente aprobación del presupuesto complementario para 2019 se evidencian las prácticas contables inadecuadas y falta de transparencia. Luego de incluir un déficit fiscal por unos RD$75,525.3 millones en el presupuesto original, el presupuesto complementario lleva ese déficit a RD$99,855.8 millones.
En nuestras proyecciones, el déficit fiscal será mayor de lo estipulado en el presupuesto complementario debido a un mayor gasto público, llevando el balance negativo o déficit del Gobierno Central a RD$107,186.3 millones. Más aún, el presupuesto complementario 2019 incluye nueva deuda por US$1,752.0 millones para cubrir subsidios y cuentas por pagar del sector eléctrico, dada la precariedad financiera de las empresas eléctricas estatales.
El manejo financiero inadecuado de los gobiernos ha implicado mayor deuda pública, con las consecuencias de mayores pagos de intereses en el futuro, lo que pone en riesgo la estabilidad económica y traspasa el problema a las futuras generaciones.
Buena parte del problema fiscal dominicano viene por la visión de corto plazo que presenta la clase política dominicana y sus intereses particulares para ganar elecciones. Las ejecuciones presupuestarias durante años electorales con incrementos inusitados del gasto público sirven de muestra. En tanto los gobiernos se han acomodado a mercados internacionales que siguen abiertos a la colocación de deuda pública, no vemos cómo esa tendencia pueda cambiar.
En efecto, el Presupuesto General del Estado 2020 que depositó el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional evidencia un gasto público mucho mayor, lo que implica un mayor déficit fiscal y, consecuentemente, mayor deuda pública. El gasto público se incrementa en RD$95,618.5 millones en el presupuesto 2020, mientras que el déficit fiscal sería de unos RD$110,251.0 millones.
En nuestras proyecciones conservadoras, el gasto público podría incrementarse en unos RD$100,000 millones, que equivaldría a un 13.1% de incremento. Combinado con menores ingresos de lo presupuestado, llevaría el déficit fiscal a unos RD$123,300 millones. Desde nuestra perspectiva, el incremento del gasto público contemplado en el presupuesto 2020 es parte de la irresponsabilidad fiscal que han mostrado los distintos gobiernos desde inicios del milenio. Esta falta de disciplina fiscal aumenta durante los años electorales, lo que ha llevado a ejecutar un mayor gasto púbico y asumir mayores déficits durante los ciclos político-electoral.
En la coyuntura actual, el tema de la ejecución presupuestaria y los ciclos políticos es muy relevante para el 2020. Desde hace casi 25 años República Dominicana no presentaba elecciones municipales, congresuales y presidenciales en el mismo año. En 2020, las elecciones municipales se llevarán a cabo en una fecha diferente que las congresuales y presidenciales. Por encima de ello, unas elecciones presidenciales relativamente fraccionadas podrían implicar la necesidad de una segunda ronda de elecciones (ballotage); esto llevaría a ejecutar tres procesos electorales en un año.
Con la débil institucionalidad que prevalece en la República Dominicana, el panorama político-electoral del 2020 podría traer como consecuencia un mayor gasto público de lo proyectado y un mayor deterioro de las finanzas públicas. Este es uno de los mayores riesgos que enfrenta la economía dominicana y uno de los retos mas importantes que encarará el gobierno que inicia en agosto del 2020.
Conclusiones
Los distintos gobiernos de República Dominicana han demostrado incapacidad para aplicar políticas fiscales ajustadas a la realidad económica dominicana y la capacidad financiera del Estado.
Las tendencias clientelares de la clase política, el populismo económico, una visión de corto plazo y una débil institucionalidad para limitar la discrecionalidad en las ejecuciones presupuestarias han llevado a lo que observamos en términos de política fiscal hoy.
El incremento del gasto público es la razón principal por lo cual las finanzas públicas se muestran deterioradas y ha sido responsable del incremento de la deuda pública. Cada vez mayor deuda pública hace que la política fiscal sea insostenible como se viene ejecutando. Las consecuencias podrían implicar inestabilidad económica en el futuro, una pérdida de soberanía en el manejo de la política económica y una mayor carga económica para las futuras generaciones.
La ejecución presupuestaria para 2019 mantiene un patrón que deteriora aún mas las finanzas públicas, tomando en cuenta que el presupuesto complementario implicó un aumento del déficit fiscal y mayor deuda para cubrir las deficiencias del sector eléctrico estatal.
El presupuesto del 2020 presenta un incremento del gasto público que no se corresponde con la realidad económica dominicana y la situación financiera del Estado, por lo que debe ser modificado en el Congreso Nacional. Un presupuesto con incremento del gasto público como se contempla en 2020 es improcedente no sólo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista institucional.
Incrementar el presupuesto en unos RD$100,000 en un año electoral no es conveniente para la República Dominicana, principalmente por la debilidad institucional que prevalece.
En adición a modificar el presupuesto 2020, el Congreso Nacional tiene el compromiso de aprobar una ley de responsabilidad y transparencia fiscal que introduzca reglas fiscales. Esto ayudaría a crear un marco dentro del cual los gobiernos se ajusten a la realidad económica del país y la estrechez financiera del Estado. De esta forma se mitigan los riesgos futuros de una política fiscal insostenible y daría mayor certidumbre a los agentes económicos.
República Dominicana requiere de reformas estructurales en los ámbitos económico e institucional para que se generen mas y mejores empleos dentro de la legalidad y aplicar políticas públicas para para mejorar los servicios básicos. En ese orden, los servidores públicos tienen el mandato de velar por la sanidad de las finanzas públicas, crear las condiciones para un desarrollo económico sostenible y legislar para las futuras generaciones. ¿Continuará la irresponsabilidad fiscal?
