El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó, sin vetos y con un fondo electoral, el Presupuesto del Gobierno para 2020, aprobado el pasado diciembre por el Congreso y que prevé unos gastos por un total de 3.68 billones de reales (unos 865,384 millones de dólares).
En un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, el ministro de la Secretaría General, Jorge Oliveira, anunció esta madrugada que Bolsonaro, en el poder desde el 1 de enero de 2019, sancionó “integralmente” la Ley Presupuestaria Anual, que estima los ingresos y fija los gastos del Gobierno brasileño para el año.
El Presupuesto de 2020 prevé un crecimiento económico del 2.32% del Producto Interior Bruto (PIB) y la creación del llamado “Fondo Electoral”, destinado a financiar las campañas políticas para las elecciones municipales que serán celebradas el próximo octubre, por un valor de 2,000 millones de reales (unos 480 millones de dólares).
El proyecto, elaborado por el Gobierno, está calculado sobre la base de que la inflación del país se mantendrá bajo control, en torno a un 3.5% anual, una tasa que, caso se confirme, se ubicaría dentro de la meta establecida, que es del 4%, con un techo máximo del 5.5%.
Igualmente adelanta que el déficit primario del sector público, un problema crónico en Brasil, se mantendrá elevado y llegará en 2020 a 124,000 millones de reales (unos 29,807 millones de dólares).
Las proyecciones en el presupuesto aprobado para 2020 son optimistas y apuntan a que la mayor economía de Sudamérica reaccionará a las reformas estructurales llevadas a cabo por el Gobierno del ultraderechista Bolsonaro en su primer año al frente de la Presidencia.
Los cálculos volcados en el proyecto estiman que el PIB brasileño crecerá un 2.32% este año, frente al 1% que es esperado para 2019 y que fue el mismo crecimiento registrado tanto en 2017 como en 2018.
Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército, promovió en su primer año de Gobierno un programa económico de corte liberal basado en privatizaciones, concesiones y reformas estructurales, con el que espera reducir el tamaño del Estado y reactivar la economía del país tras la dura recesión sufrida en 2015 y 2016, cuando el PIB brasileño se desplomó un 7%.
