Es innegable que las autoridades dominicanas, especialmente las vinculadas a las políticas públicas para el fomento de las microempresas y pequeñas empresas, han realizado loables esfuerzos para lograr la formalización de unidades productivas que se desempeñan en la informalidad.
Lamentablemente, es poco el avance que se ha logrado en este tema y, muy por el contrario, pareciera que las actividades informales crecen cada día más. A este respecto, surgen algunas interrogantes que sería bueno poner en contexto y debatir.
La primera pregunta es si la informalidad es el resultado de un sistema tributario oneroso y de un Estado impositivamente depredador. Lo cierto es que es posible que haya un poco de ambas cosas. Por un lado, los microempresarios y pequeños empresarios le huyen a los impuestos como el diablo a la cruz, mientras que las autoridades son implacables con aquellos que, por alguna vía, han empezado a tributar. Entonces, la salida más rápida es permanecer en la informalidad o irse a ella.
Así también, un Estado que persigue más al que cumple que al que no cumple con sus obligaciones tributarias, es un Estado que no fomenta la formalidad.
Poniendo en contexto el tema, conviene recordar que se denomina sector informal a aquel que está “formado por actividades económicas en pequeña escala, integrado por trabajadores por cuenta propia que contratan a familiares o solo a unos pocos trabajadores”, además de que disponen de poco capital, utilizan tecnología de bajo nivel y carecen de acceso a los mercados y a las instituciones formales (OIT, 1991).
De igual manera, en el sector informal los salarios son más bajos que en los sectores formales, además de que la productividad también es más baja. Otra interrogante que surge alrededor de la expansión que ha tenido el sector informal en el país, es si esto se ha debido a la implementación de políticas públicas erradas, las cuales no logran disminuir los costos de las empresas cuando se formalizan, sino que sucede todo lo contrario.
También aquí hay un punto importante, pues se ha visto y comprobado que los beneficios de la formalización parecen no evidenciarse en el corto y mediano plazos, por lo que los empresarios comúnmente desechan esta decisión.
Otra cuestión que vale la pena poner en el tapete es si los empresarios de la economía informal son netamente evasores, y la respuesta inmediata es que si no se estará legalmente registrado en ninguna institución pública, no se tiene que pagar impuestos.
El gran problema de todo esto, sin embargo, es que el sector informal en República Dominicana opera en mercados formales; es decir, que se dan operaciones informales, la mayoría en efectivo, pero comercializadas con empresas del sector formal. Y aquí se genera un serio dilema para las autoridades que, para ser francos y honestos, no creo que puedan resolverlo.
