El director general de Desarrollo Fronterizo, Miguel Bejarán, defendió la permanencia de la Ley 28-01, que crea un régimen especial para la zona fronteriza, afirmando que la normativa genera múltiples beneficios a esa región y República Dominicana.
Durante su participación en el primer Foro Nacional de Zonas Francas y Regímenes Especiales, ante empresarios, funcionarios del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), legisladores y representantes de la sociedad civil, Bejarán abogó por la revisión y ampliación del plazo de vigencia de la legislación como instrumento jurídico de combate a la pobreza y apoyo al desarrollo de la zona.
“Desde mi punto de vista, la Ley 28-01 tiene que seguir, ya que a través de la misma se han creado más de 70 empresas, generando más de 10,000 empleos, por lo tanto debería decretarse una nueva Ley que tome en consideración el mandato constitucional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la nueva realidad de República Dominicana en los alcances que hemos logrado a nivel de desarrollo”, expresó.
Explicó que el 60% de las compañías que se encuentran instaladas en la zona fronteriza, acogidas a la normativa son de vocación agrícola y agroindustrial, debido a que es el mayor recurso que existe en esa área limítrofe del país.
Sostuvo que el desempeño de la Ley no ha sido más fructífero porque ha estado en medio de una permanente inestabilidad jurídica y recordó que a pesar de haberse realizado un intento de reforma en el Congreso Nacional, propiciado por sectores fácticos, principalmente del empresariado, este fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia.
“De modo que hay un reclamo colectivo, una unidad de criterios con respecto a los actores fundamentales de la frontera como son las iglesias, empresarios, sectores productivos y la sociedad civil de que esta legislación debe ser nueva vez reconsiderada, es decir modificarla y darle un nuevo período de vigencia para que las empresas que están instaladas en esa zona permanezcan y otras que quieran instalarse lo puedan hacer, para de esta forma seguir brindado oportunidades a los habitantes de esas comunidades, evitando así la emigración hacia la capital y otras grandes ciudades”, expresó el funcionario.
El titular de la DGDF manifestó que la principal preocupación que tienen los habitantes fronterizos, es que con el vencimiento de la legislación, habrá empresas que quedarán en un limbo jurídico. No obstante, recordó que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, dijo que las compañías ya amparadas en la 28-01, no debían inquietarse porque por parte del Gobierno se les garantizarán sus derechos adquiridos.
