El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el producto interno bruto (PIB) de Panamá crecerá un 4.8% este 2020, tras una evaluación in situ en la que reconoció que el país está avanzado “en su proceso de recuperación”.
“Vemos que hay una franca recuperación en la economía. Esperamos que el crecimiento económico para este año sea del orden 4.8%”, dijo el jefe de la misión del FMI para Panamá, Alejandro Santos, según informó este lunes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La economía panameña lleva años en desaceleración, que se acentuó en 2019 cuando se prevé que creció un 3.5% , la tasa más baja en una década y consecuencia del agotamiento del modelo económico basado en grandes inversiones públicas en infraestructura, según han explicado economistas a Efe.
El organismo multilateral considera que este año el déficit y la inflación “se mantendrán bajo control, y que la economía seguirá creciendo”, luego de conocer las iniciativas, políticas, estrategias y la forma como el país enfrentará los retos a nivel mundial, dijo el MEF.
“Pensamos que la inflación”, que ha estado por debajo del 1% en los últimos años, “va a seguir bajo control, alrededor del 1%” en 2020, aseguró Santos.
Durante el año 2019 se “controló el déficit fiscal”, que cerró en 3.1% de acuerdo con los datos oficiales, y se espera que “se logre el monto presupuestado, alineándose así con la ley de Responsabilidad Social Fiscal”, añadió Santos.
El FMI estima que el “buen manejo de las finanzas” permitirá a la economía panameña a crecer a una tasa del 5.5% a mediano plazo, agregó Santos.
El viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, destacó que el Gobierno panameño está comprometido “con el manejo prudente de las finanzas públicas, con el fin de retomar a la disciplina fiscal que se requiere para cumplir con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, la Ley de Presupuesto y las demás legislaciones aplicadas en Panamá”.
Como parte del plan de reactivación económica, el Gobierno de Laurentino Cortizo, que asumió el poder el pasado 1 de julio, canceló 1,584 millones de dólares a proveedores, contratistas, docentes, productores agropecuarios, bancos y a la Caja del Seguro Social (CSS), de acuerdo con la información oficial.
