La economía mexicana perdió 700,000 empleos formales hasta abril en medio de la incertidumbre de la crisis del coronavirus y “de la falta de confianza” derivada de las políticas públicas, indicó este martes una minuta de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico).
En el reporte, uno de los miembros de la junta señaló que la producción automotriz cayó 24% a tasa anual en marzo, lo que anticipa una contracción de hasta 34% anual en la actividad manufacturera del segundo trimestre, además de “un severo debilitamiento en el sector de servicios”.
“El principal peligro que enfrentamos es una pérdida de empleos en el corto plazo que no se podrán recuperar en el mediano plazo, condenando a una proporción de la población a una situación de pobreza estructural”, advirtió uno de los integrantes de Banxico.
La minuta, apenas publicada, corresponde a la última reunión sobre política monetaria del 21 de abril, cuando Banxico bajó la tasa de interés a 6% y anunció medidas adicionales por 750,000 millones de pesos (US$31,400 millones) para proveer de liquidez al sistema financiero.
Esta es una de las medidas con las que cuenta México para afrontar la crisis económicas del coronavirus, que ha causado 24,905 contagios y 2,271 defunciones en el país.
Ante este panorama, todos los miembros del banco central coincidieron en que “se anticipa una contracción importante” de la economía en la primera mitad del año, aunque “aún se desconoce la magnitud y duración de los efectos de la pandemia”.
Apenas este lunes, especialistas del sector privado consultados por Banxico pronosticaron una caída del 7.27% del PIB en 2020.
La mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno advirtieron que “factores idiosincráticos” han “agravado” el entorno “adverso” que afronta México por la pandemia y la caída global de los precios del petróleo.
“Algunos notaron que los choques externos agravaron una problemática que ya se venía gestando, la cual era principalmente resultado de la falta de confianza derivada de decisiones de política pública, así como del deterioro del Estado de derecho”, manifestó la minuta.
La mayor parte de los integrantes, según el informe, también coincidió en que “en este entorno, es importante generar políticas públicas que den certidumbre para la inversión privada”.
Por ello, “mostró preocupación” por la inseguridad, que se traduce en “un ambiente poco propicio para la inversión”.
“Uno añadió que los efectos de la pandemia podrían agravarse si las políticas económicas para mitigarlos resultan insuficientes. Algunos comentaron que existe incertidumbre sobre la fortaleza de la recuperación cuando esta inicie”, precisó la minuta.
