Un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo traza el rumbo de una masiva transformación de la infraestructura en América Latina y el Caribe mediante avances en eficiencia, uso de las tecnologías digitales, y un cambio de enfoque hacia la calidad y la asequibilidad de los servicios al consumidor en lugar de las estructuras.
Aumentos relativamente menores en la eficiencia de los servicios mediante un incremento de la digitalización y otras acciones pueden impulsar el crecimiento en 5.7 puntos porcentuales durante un período de 10 años. Para América Latina y el Caribe, eso representa alrededor de US$325,000 millones en ingresos adicionales durante ese decenio.
Las mejoras en la infraestructura reducirán las desigualdades y ayudarán a las poblaciones vulnerables que se han visto particularmente afectadas por la pandemia del covid-19. En la medida en que se produce un aumento en la eficiencia en los servicios y una caída en los precios, los ingresos de los sectores más pobres se elevarían un 28 por ciento más en promedio que los ingresos de los sectores más acomodados durante esos 10 años, sostiene el informe.
“La infraestructura será un componente crítico de nuestros esfuerzos por impulsar las economías y reducir las desigualdades tras la pandemia”, dijo Eric Parrado, economista jefe del BID. “Los presupuestos serán restringidos, por lo que debemos invertir de manera inteligente y sostenible. Nuestro informe recomienda áreas en las que las políticas gubernamentales pueden promover innovaciones y aportar una visión de la infraestructura que esté orientada a los servicios”, añadió.
De Estructuras a Servicios: El Camino a una Mejor Infraestructura en América Latina y el Caribe es parte de la serie de estudios insignia Desarrollo en las Américas y resultado de largos años de investigación sobre las últimas tendencias en los sectores de agua, energía y transporte y sobre cómo pueden éstas ser adoptadas por los países de América Latina y el Caribe. La región adolece de profundas brechas en infraestructura frente a las economías más desarrolladas. Por caso, América Latina y el Caribe ha invertido un 2.8% de su PIB en infraestructura durante la última década, la mitad que los países emergentes de Asia.
“Durante demasiado tiempo nos hemos enfocado en los ladrillos, cañerías y otros activos tangibles”, dijo Agustín Aguerre, gerente del Departamento de Infraestructura del BID. “La tecnología digital nos permite tener una mejor comprensión de cómo la gente utiliza las carreteras y consume agua y electricidad. Nuestra infraestructura del futuro será más económica, más sustentable y acorde con la necesidad de nuestros ciudadanos”, agregó.
La región tiene un buen desempeño en términos de medidas básicas de acceso pero no en términos de calidad de los servicios. Por ejemplo, el 97 por ciento de los hogares urbanos de América Latina tiene acceso al agua, pero menos del 40 por ciento de las aguas servidas de las ciudades es tratada. El tiempo promedio de viaje al trabajo en las grandes urbes de la región es de 90 minutos. La región está rezagada en penetración de internet y la velocidad de descarga de archivos es 10 veces menor que en los países de la OCDE.
Además de la baja calidad de los servicios, los hogares y empresas deben pagar tarifas muy altas. El 50 por ciento de los hogares más pobres gastan el 14 % de sus ingresos en agua, energía y transporte público, lo que representa un 30 por ciento más que en otras regiones en desarrollo. Los consumidores gastan más en agua, electricidad y otros servicios en América Latina y el Caribe a pesar de que los gobiernos destinan cerca del 1 por ciento del PIB anual para subsidiar las operaciones de los proveedores de servicios.
Más verde, mejor futuro
Para corregir estas fallas, el libro prevé un futuro en el que las inversiones tengan en cuenta el rico capital natural de la región, y en el que los individuos, las empresas e incluso las ciudades y regiones se vean más empoderados ante las autoridades y empresas de servicios centrales merced a las innovaciones tecnológicas. Esta descentralización constituye un poderoso incentivo para que hogares y firmas se adapten, por ejemplo, a las fuentes de energía renovables.
Los medidores inteligentes permiten a los consumidores controlar la calidad del agua que reciben, monitorear su consumo, conocer su patrón de uso, detectar formas de lograr mayor eficiencia, y comprender mejor el contenido de sus facturas. Esto es crítico en una región en la que el 35 por ciento de la población habita en zonas de moderada a alta escasez de agua.
Según el informe, que analiza los potenciales impactos de la tecnología de vehículos autónomos, conectados, eléctricos y compartidos, el PIB regional sería un 1,2 por ciento más elevado en un plazo de 10 años si el 30 por ciento de los autos y flotas de autobuses fueran eléctricos.
Otra área en la que hay espacio para mejoras es la ejecución de proyectos. El incumplimiento de las metas presupuestarias y las demoras consumen el 35 por ciento de las inversiones públicas totales, o el equivalente al 0.65 por ciento del PIB regional. Los drones y la tecnología satelital, entre otros, pueden contribuir a generar mejoras en las etapas de planificación e ingeniería de los proyectos de construcción. Las tecnologías emergentes podrían también ayudar a reducir los costos entre un 10 y un 50 por ciento, estima el informe.
Políticas y regulaciones necesarias para la adaptación
La tecnología no sólo permitirá generar un mayor grado de eficiencia y reducción de precios, sino también cambiar la naturaleza misma de los mercados de servicios. Pero estos logros sólo se alcanzarán si se adaptan las políticas y regulaciones. El informe identifica las áreas en las que se requieren dichas reformas. Los ministerios y organismos que regulan la energía, el transporte y el agua deberán actualizar sus marcos regulatorios para aprovechar al máximo las oportunidades de la digitalización y para asegurarse de que una mayor competencia se traduzca en beneficios tangibles para los consumidores. Sólo un tercio de los países de la región han promulgado leyes o actualizado su legislación vigente en el sector de comunicaciones desde el 2010, en tanto que la mitad de los países cuentan con leyes que datan del siglo pasado y que desde entonces sólo han sido actualizadas parcialmente. Se necesita más acción política, y a mayor velocidad de implementación.
Frente al cambio climático, la estructura de precios de la electricidad deberá variar, de un esquema de precios basado en el volumen de la demanda a esquemas con un componente fijo más elevado para poder cubrir las inversiones necesarias para expandir y mantener las redes de transmisión y distribución eléctricas.
“Dado que América Latina y el Caribe está acelerando la transición desde las estructuras hacia los servicios –sostiene el informe–, los reguladores deben actuar con presteza para no perder el tren y para mantener el avance del proceso hacia una mejor infraestructura en la región”.
