[dropcap]L[/dropcap]a Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) ha realizado estudios a 24 sectores económicos que suplen bienes y servicios en República Dominicana, entre los que ha determinado casos de dominio de mercado, competencia desleal y manifestaciones que pudieran considerarse de posición monopólica y oligopólica.
Los estudios a los sectores económicos de comercialización local se realizan en ProCompetencia con base en el mandato de la Ley 42-08 de Defensa de la Competencia.
Sin embargo, aunque pudiera detectar situaciones que afectan el libre mercado, ProCompetencia no puede actuar en consecuencia debido a que desde hace 10 meses el Senado de la República mantiene engavetada la plancha que le presentó el Poder Ejecutivo en julio de 2014, a los fines de que designe a tres de los cinco miembros del Consejo Directivo de esa institución que concluyeron su período de funciones a finales de abril de 2013.
La propuesta para completar los miembros de ProCompetencia está en poder de la Comisión de Industria y Comercio del Senado, que preside el legislador Charles Mariotti. Aunque es entendible que esa Comisión se tome su tiempo para analizar los perfiles de las personas propuestas por el Presidente de la República para esos puestos, ya se acercan a un año sin dar salida a ese expediente para que el pleno del Senado elija a los consejeros faltantes.
El senador Mariotti informó al elDinero que el pasado martes volvió a posponerse una reunión en la que la Comisión senatorial convocó al ministro de Industria y Comercio, José del Castilló Saviñón, quien por segunda vez consecutiva volvió a faltar a la cita.
Entre los sectores que ha analizado ProCompetencia están los relacionados con la energía eléctrica, transporte, telecomunicaciones, producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, educación y salud.
Michelle Cohen, presidenta de ProCompetencia, informó recientemente que la institución ha desarrollado los estudios de los 24 sectores de bienes y servicios en coordinación con un equipo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de que ha recibido asesoría de expertos internacionales entre los que hay varios expresidentes de organismos de Competencia.
Mandato legal
El Artículo 69 de la Ley 42-08 se refiere al marco institucional complementario de la institución y establece: “En un plazo no mayor de dos años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia convocará a las dependencias administrativas encargadas de regular los mercados de energía, hidrocarburos, transportes aéreo, marítimo y terrestre, telecomunicaciones, derechos de la propiedad intelectual (derechos de autor y derechos de la propiedad industrial), servicios profesionales de salud y educación, servicios financieros (servicios bancarios, seguros, pensiones y mercado de valores), para revisar, proponer y dictar de forma conjunta, la reglamentación de competencia que regirá el funcionamiento de dichos mercados productivos y profesionales”.
Agrega que la reglamentación debe quedar como fundamento en la normativa especial que regula su funcionamiento, además de adaptarse al mandato de esa ley, de la Constitución y de los tratados.
Pero el mandato no se limita sólo a esos sectores, pues el Párrafo I del Artículo 69 indica: “Cualquier otra dependencia administrativa que fuera creada en el futuro con similares propósitos de regulación de determinado sector del mercado podrá ser convocada por la Comisión Nacional para los fines dispuestos en este artículo”.
Por eso los análisis que ha hecho ProCompetencia abarcan a más sectores, 24 en total, de acuerdo con la presidenta del Consejo, quien está a la espera de que el Senado complete a los miembros de ese órgano, para dar continuidad a asuntos pendientes como la presentación de la terna al Presidente de la República para que designe al Director Ejecutivo, así como para el envío, también al mandatario, del Reglamento de aplicación de la Ley, a los fines de ser promulgado por decreto y dar operatividad más expedita a la institución.
Los atrasos
Tres de los cinco miembros del Consejo Directivo de ProCompetencia (Antonio Rodríguez Mansfield, Esther Aristy y Magdalena Gil de Jarp) terminaron su período en abril de 2013.
En julio de 2014 el presidente Danilo Medina remitió al Senado la lista de cinco personas que por mandato legal debe enviar para que los senadores designen a tres por un período de dos años. Los otros dos miembros son designados de la misma forma por la Cámara de Diputados, pero por un período de cinco años.
Los dos miembros designados por la Cámara de Diputados terminarán su período en el Consejo Directivo en el año 2016 (Leyda Reyes) y en el 2017 (Michelle Cohen).
