Senado priorizará reforma a Ley de Competencia

La iniciativa contempla reforzar el régimen de consecuencias para empresas y personas físicas que incurran en prácticas anticompetitivas

En la economía abierta de República Dominicana, la libre competencia no solo es el motor que prepara a las empresas para mercados exigentes; es también la garantía de mejores precios y productos para los consumidores.

Bajo esa premisa, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, subrayó la necesidad de priorizar la reforma a la Ley 42-08. Según él, actualizar este marco legal de defensa de la competencia es un paso crítico en la agenda del Congreso para fortalecer el ecosistema comercial del país.

Durante una entrevista con elDinero en el Encuentro Industrial “Hacia un nuevo marco legal de defensa de la competencia en la República Dominicana”, organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), De los Santos explicó que, por la naturaleza bicameral del Congreso, el estudio será exhaustivo, descartando una aprobación “al vapor”. “El país puede tener la seguridad de que estaremos trabajando sin prisa, pero sin pausa”, sostuvo.

Resaltó la importancia de avanzar hacia la competitividad, la cual, a su juicio, se logra a través de la libre competencia. “Tanto el empresariado como el sector público han entendido que este es un factor clave y que, sumado a nuestra privilegiada ubicación geográfica, representa una gran oportunidad de crecimiento para el país”, enfatizó.

Garantía

Pese a que no dio detalles técnicos, el titular de la Cámara Alta aseguró que habrá una “garantía legal” para la independencia administrativa de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia).

Al preguntársele sobre las herramientas específicas para fortalecer la capacidad sancionadora de la entidad rectora de la competencia en República Dominicana, De los Santos respondió que es fundamental que la normativa incluya un fraccionamiento de consecuencias para las empresas y personas físicas que incurran en prácticas anticompetitivas.

“Apostamos por un régimen de consecuencias claro; la estabilidad de República Dominicana depende de una economía sana y una competencia sin distorsiones”, concluyó.