La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) enfrenta un vacío legal que frena en parte su operatividad. Aunque la Ley de Defensa de la Competencia prohíbe las malas prácticas, no establece consecuencias propias y obliga a recurrir a la justicia penal, lo que complica la aplicación de sanciones inmediatas en el mercado dominicano.
Una propuesta de reforma al marco legal de competencia en el país tiene un objetivo doble: clarificar los castigos y arreciar la lucha contra conductas anticompetitivas. Así lo detalló la presidente de ProCompetencia, María Elena Vásquez, durante el Encuentro Industrial, organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
“En temas de competencia desleal, tenemos actores en el mercado que, tan pronto las instituciones inician un proceso sancionatorio, desaparecen el vehículo societario para que la conducta quede sin sanción”, enfatizó la funcionaria.
Al respecto, Vásquez explicó que la propuesta de modificación a la Ley 42-08 busca sancionar a las personas físicas que incurran en prácticas anticompetitivas, independientemente del vehículo societario que utilicen.
También, la funcionaria destacó la importancia de un observatorio de condiciones de competencia, una herramienta de transparencia ya utilizada internacionalmente. Según precisó, este observatorio permite monitorear el comportamiento de los mercados sin señalar marcas específicas, facilitando que la ciudadanía conozca cómo opera la competencia en el país.
Otras noticias del evento:
- Ley de Competencia plantea fortalecer control de concentraciones
- Marcas blancas deben cumplir normas de etiquetado en RD
- AIRD: Reforma a Ley de ProCompetencia debe fortalecer la lucha contra la competencia desleal
