La presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, presentó una agenda de cinco compromisos orientados a incorporar la perspectiva de género en el análisis de los mercados, identificar barreras que limitan la participación económica de las mujeres y fortalecer las condiciones para una competencia más inclusiva en República Dominicana.
La propuesta fue presentada durante el III Foro Internacional sobre Género y Competencia, celebrado bajo el tema “Mercados más inclusivos: género, emprendimiento y libre competencia”, en el marco de la IV Semana de la Competencia, organizado por ProCompetencia.
Durante su intervención, Vásquez Taveras advirtió que, aunque el país cuenta con garantías constitucionales de igualdad, persisten obstáculos económicos, financieros y regulatorios que dificultan que las mujeres participen y desarrollen sus iniciativas empresariales en condiciones similares a las de los hombres.
“La igualdad no se agota en afirmar que todos tienen el mismo derecho a participar. Hay que examinar las condiciones que permiten ejercerlo”, expresó la funcionaria, al destacar la importancia de evaluar cómo determinadas regulaciones y prácticas empresariales pueden afectar de manera diferenciada a distintos grupos de la población.
En ese contexto, planteó la necesidad de avanzar hacia una política de competencia que, sin apartarse de sus fundamentos jurídicos y económicos, incorpore herramientas que permitan comprender mejor las condiciones reales de participación en los mercados.
Mercados más inclusivos
Como parte de su propuesta, la presidenta de ProCompetencia identificó cinco líneas de acción que considera fundamentales para fortalecer la relación entre género, emprendimiento y libre competencia.
La primera consiste en desarrollar una agenda de información, orientada a conocer quiénes participan en los mercados y bajo cuáles condiciones. Para ello, planteó la importancia de disponer de datos desagregados por sexo que permitan identificar diferencias y restricciones sin recurrir a estereotipos.
El segundo compromiso corresponde a una agenda de análisis, mediante la cual las autoridades incorporen variables de género cuando sean pertinentes para responder las preguntas económicas y jurídicas de cada caso.
Como tercer eje, propuso una agenda de abogacía de la competencia y coordinación interinstitucional, que permita trabajar con las entidades responsables de las políticas de género, el sistema financiero y la contratación pública, respetando las competencias de cada institución y preservando la independencia técnica de la autoridad de competencia.
El cuarto compromiso está vinculado con la cooperación regional, con el propósito de promover el intercambio de conocimientos, experiencias y herramientas que contribuyan a desarrollar capacidades institucionales sostenibles.
Como quinto compromiso, planteó una agenda de evaluación para medir los resultados de las recomendaciones, estudios e intervenciones realizadas por las autoridades, el cual permita “preguntarnos qué cambió después de cada recomendación, estudio o intervención”.
Vásquez Taveras sostuvo que estas acciones permitirían fortalecer la capacidad de las autoridades para identificar restricciones que afectan la participación económica, sin asumir que todas las desigualdades constituyen infracciones a la legislación de competencia.
“La perspectiva de género puede mejorar las preguntas, no reemplazar las preguntas que exige la prueba”, precisó la presidenta de ProCompetencia, quien también abordó las recomendaciones internacionales para incorporar el enfoque de género al análisis competitivo, particularmente las herramientas promovidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Estas herramientas permiten identificar diferencias en las condiciones de acceso a productos y servicios, estudiar posibles barreras y mejorar la capacidad de las autoridades para evaluar los efectos de sus intervenciones.
No obstante, insistió en que incorporar la perspectiva de género no significa atribuir automáticamente a prácticas anticompetitivas todas las desigualdades que enfrentan las mujeres.
